- La LXII Legislatura mexiquense avaló extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
- El decreto establece que el Estado deberá promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
- La reforma conjuntó iniciativas del diputado Gerardo Pliego, de la diputada Elena García y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
La LXII Legislatura mexiquense aprobó extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), a fin de favorecer la simplificación administrativa y orgánica, reducir el gasto público, evitar duplicidad de funciones y fortalecer el acceso a la información y a la rendición de cuentas, sin acrecentar estructuras burocráticas, como lo establece la carta magna y la legislación general y federal correspondiente.
El dictamen, aprobado por mayoría de votos, conjunta las iniciativas del diputado Gerardo Pliego Santana (morena), de la legisladora Elena García Martínez (morena) y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante las cuales se modifica la Constitución Política estatal para transferir las funciones del Infoem a las autoridades existentes en materia de control interno y vigilancia.
“Al extinguir el Infoem no se está coartando de ninguna forma el ejercicio pleno de las y los mexiquenses del derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas; por el contrario, lo que se busca es fortalecer este derecho, pero bajo una visión de eficiencia administrativa y optimización de recursos públicos. Pues al eliminar una estructura burocrática onerosa y centrar esta función en los órganos de control interno de los sujetos obligados, se reducen los gastos operativos, se evita la duplicidad de funciones y esto permitirá una mejor coordinación de las políticas en esta materia, como se argumenta en las iniciativas”, destaca el dictamen.
Por la bancada de morena, y al respaldar la reforma, el diputado Gerardo Pliego señaló que el Infoem dejará de ser un botín político de los partidos y con el ahorro de recursos se atenderán necesidades de la población. El legislador Octavio Martínez Vargas exhortó a quienes integran la legislatura local a participar en la discusión de las reformas secundarias en los plazos estipulados. La legisladora María José Pérez Domínguez expresó que la extinción del Infoem representa el reconocimiento de un fracaso institucional muy costoso, y que el reto es construir un modelo que priorice resultados sobre eventos, acceso sobre burocracia y transparencia real sobre simulación institucional.
Al rechazar la propuesta, las diputadas Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC) coincidieron en que la desaparición del instituto tendrá como efecto directo debilitar los contrapesos institucionales, suprimir un canal de rendición de cuentas y dejar a la ciudadanía sin una herramienta trascendental y efectiva para ejercer su derecho de acceso a la información y protección de sus datos. El parlamentario Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) manifestó que no se cumple un mandato constitucional, sino una instrucción federal para construir un andamiaje para que el gobierno en el poder no encuentre oposición. Y el legislador Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD, expresó que no se pueden seguir extinguiendo instituciones democráticas que garantizan los derechos de la ciudadanía.
El documento, leído por la parlamentaria Araceli Casasola Salazar (PRD), refiere que, los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Además, el ejercicio de estos derechos se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
Las leyes estatales en la materia determinarán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia, para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.
Además, toda autoridad y persona servidora pública estará obligada a coadyuvar, con las autoridades garantes estatales en la materia, para el buen desempeño de sus funciones. Mientras que estas autoridades formularán programas de difusión de la cultura de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, con base en las disposiciones jurídicas aplicables.
Para garantizar el ejercicio de los derechos referidos, los municipios transparentarán sus acciones, y la información que proporcionen será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. En tanto que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegidos en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Para tal efecto, los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención.
Asimismo, se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos, los cuales se sustanciarán ante las instancias competentes en los términos que fija la constitución y las leyes en la materia. Además, los sujetos obligados se regirán por las leyes generales y locales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.
De igual forma, el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios contará con un Comité Coordinador que estará integrado por las personas titulares de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como un integrante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá.
En los artículos transitorios del decreto, destaca que, en un plazo de 90 días naturales, tras su entrada en vigor, se deberán crear y aprobar las leyes secundarias relacionadas en la materia. Una vez que entren en vigor las leyes secundarias se extinguirá el Infoem, y los actos jurídicos emitidos por este organismo con anterioridad surtirán todos sus efectos legales.
En el caso de los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a las instituciones que asuman las funciones del Instituto que se extingue, según corresponda, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente.
Los recursos humanos, materiales, financieros y previsiones presupuestales, así como registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de este instituto, pasarán a las instancias que asuman sus facultades y atribuciones, cuando corresponda, y se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas a ese ente; mientras que las personas comisionadas concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación secundaria.