










- Longino, hombre nahua de San Pedro Tlanixco, recuperó su libertad por decisión unánime de la Sala, cuyas Magistradas y Magistrados resolvieron con perspectiva de derechos humanos.
- La decisión deriva del trabajo interinstitucional entre el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de la Defensoría Pública, la Fiscalía General de Justicia y colectivos.
- La decisión “abre la posibilidad para que otras personas indígenas, cuyos procesos no garantizaron sus derechos, encuentren una nueva oportunidad”: Fernando Díaz Juárez.
En un hecho inédito, la Sala de Asuntos Indígenas (SAI) del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) otorgó -por unanimidad- amnistía a Longino, hombre nahua originario de San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, quien hace 14 años no tuvo acceso a una defensa culturalmente adecuada, por lo que en aquel momento no se respetaron plenamente sus derechos como integrante de una comunidad indígena.
Durante una sesión pública, realizada en la sede de la Sala ubicada en el histórico Palacio de Justicia de Toluca y que atestiguaron representantes de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, el Presidente de ese órgano, Magistrado Arturo Márquez González, explicó que se resolvió el caso bajo el fundamento de que al sentenciado no se le asignó traductor ni defensor con conocimiento de su lengua ni de sus usos y costumbres, como lo establece el artículo 2° Constitucional.
Longino, de 59 años, hijo de campesinos, padre de once hijos y con estudios solo hasta el tercer año de primaria, fue condenado, en 2012, a 47 años de prisión. Su caso se derivó de una disputa con un grupo delincuencial que provocó una pelea durante una boda en su comunidad. En los hechos, Longino resultó herido y, tras un forcejeo, uno de sus agresores falleció. Dos meses después fue detenido y juzgado por homicidio calificado, sin que se hubiera considerado que se trató de una riña.
Las Magistradas: Verónica Carrillo Carrillo, Érika Icela Castillo Vega, María Ledit Becerril García, y el Magistrado: Lorenzo René Díaz Manjarrez, junto con Márquez González, expresaron sus consideraciones y votaron por unanimidad. Coincidieron en que el caso analizado cumplía con los requisitos legales para la procedencia de la amnistía y que existieron violaciones claras a los derechos humanos del beneficiario, entre ellas la falta de una defensa culturalmente adecuada.
Verónica Carrillo enfatizó que la ley contempla excepciones para delitos de alto impacto cuando existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, como ocurrió en este asunto. María Ledit Becerril subrayó la omisión -desde el inicio del proceso- de reconocer la calidad indígena del solicitante, lo que impidió una protección reforzada de sus derechos.
Por su parte, Érika Icela Castillo destacó que esta resolución no borra el pasado, pero sí abre una nueva ruta de vida para quien fue vulnerado, reconociendo que las instituciones pueden corregir y mejorar. Lorenzo René Díaz Manjarrez sostuvo que el proyecto materializa el principio de optar siempre por la justicia cuando entre en tensión con la norma, al haber quedado acreditado que no se juzgó con perspectiva intercultural ni se garantizó una defensa efectiva.
Entrevistado al término de la sesión, el titular del PJEdomex, Magistrado Fernando Díaz Juárez, explicó que esta decisión es resultado de un trabajo interinstitucional que ha permitido identificar, analizar y atender asuntos que exigen una mirada distinta, respetuosa de la identidad, lengua y cosmovisión de quienes forman parte de comunidades indígenas.
“Hoy celebramos una decisión histórica que reconoce la vulnerabilidad de quien fue privado de la libertad por más de 14 años, y abre la posibilidad para que otras personas indígenas, cuyos procesos no garantizaron sus derechos, encuentren una nueva oportunidad”, subrayó Díaz Juárez y enfatizó que detrás de cada expediente hay una vida, una familia, y la justicia debe entenderse como un acto humano, antes que como un trámite legal.
Acompañado por Myrna García Morón, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), el Magistrado Presidente destacó que con la resolución emitida por la SAI se marca un precedente al integrar una perspectiva intercultural en los análisis de amnistía. De seis mil 302 solicitudes recibidas desde marzo de 2021 a la fecha, tres mil 120 han sido procedentes, la mayoría por robo, pero también por delitos contra la salud, homicidio, lesiones, entre otros.
Desde su instalación, la Sala de Asuntos Indígenas ha trabajado para que la justicia sea una experiencia cercana y culturalmente adecuada para los pueblos originarios.
Cabe destacar que, desde el pasado mes de marzo, el Poder Judicial mexiquense -por instrucción del Presidente- ha realizado seis mesas de trabajo con la Codhem, el Instituto de la Defensoría Pública, la Fiscalía General de Justicia de la entidad y los colectivos: “Haz Valer Mi Libertad” y el “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”. Se han visibilizado y analizado casos señalados por posibles violaciones graves a derechos humanos.