Por años, el sur del Estado de México fue víctima del silencio institucional y la presencia sofocante de grupos delictivos que convirtieron los mercados, los ranchos y hasta los caminos vecinales en fuentes de renta criminal. La extorsión era ley. El miedo, moneda corriente. Hasta que algo cambió. Lo ocurrido esta semana no solo fue histórico, fue un verdadero acto de justicia social: por primera vez, el Estado no solo capturó a los criminales, sino que les quitó lo robado… y lo repartió entre la gente.
Sí, así como se lee. Aves de corral, borregos, carne, pacas de forraje, costales de alimento, incluso longaniza –sí, también longaniza– fueron entregados directamente a las familias afectadas por estos grupos criminales, bajo la coordinación de la Secretaría del Bienestar estatal. Un acto inédito, derivado de la llamada Operación Liberación, en la que participan autoridades federales, estatales y municipales con un objetivo claro: cortar las venas financieras de la extorsión y devolver la dignidad a las comunidades.
Este reparto de bienes decomisados no es solo un gesto simbólico. Es un parteaguas. Durante décadas, la ciudadanía escuchó que tal o cual líder criminal fue detenido, que armas fueron aseguradas, que bodegas fueron cateadas… pero jamás se supo qué ocurría después con esos recursos. Todo quedaba enterrado en procedimientos judiciales que duraban años, si es que llegaban a sentencia. Hoy, el Ministerio Público, con respaldo del Poder Judicial del Estado de México, logró algo crucial: la disposición anticipada de bienes. Es decir, no hay que esperar al juicio final para empezar a reparar el daño.
Esto es justicia con rostro humano. Y más aún: es justicia con gallinas, con borregos, con pacas de avena. La comunidad que antes era víctima, hoy empieza a ver cómo el Estado responde no solo con operativos, sino con acciones concretas que tocan la mesa de la cocina y el sustento diario.
Este modelo debe repetirse, perfeccionarse, institucionalizarse. ¿Por qué no replicarlo en otras regiones con presencia criminal? ¿Por qué no extenderlo a otros delitos donde se acumulan bienes y recursos mientras las víctimas siguen esperando? El mensaje que deja esta acción es claro: al crimen ya no solo se le encarcela, se le arrebata el botín y se reparte entre quienes lo padecieron.
Lo que sucedió en Ixtapan de la Sal es una pequeña gran revolución. Es la prueba de que cuando el Estado se organiza, colabora y actúa con visión de justicia social, los resultados son palpables, comestibles y hasta criables. Porque un borrego repartido vale más que mil promesas. Y porque quitarle a los malos para devolver a los buenos sí es justicia, no venganza.
Ojalá esta Operación Liberación no sea flor de un solo día. Ojalá se convierta en política pública. Porque cuando los ciudadanos ven que el gobierno actúa así, no hay mejor propaganda ni mayor legitimidad que el rostro sonriente de una familia que vuelve a creer en el Estado.
El sur del Edomex no necesita limosnas, necesita liberación. Y esta, por primera vez en mucho tiempo, parece estar llegando en forma de justicia, longaniza… y dignidad.