- Se realizó la primera sesión ordinaria de este organismo.
- El Magistrado Presidente, Fernando Díaz Juárez llamó a actuar con contundencia y dejar atrás las acciones aisladas.
- Se plantea crear comités, revisar casos de amnistía y visibilizar historias de injusticia.
Al encabezar la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de Justicia de los Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex), en la que se analizó la amnistía para mujeres indígenas en reclusión, se aprobó, a propuesta del Magistrado Presidente Fernando Díaz Juárez, la creación de dos comités especializados para identificar violaciones graves a derechos humanos, sistematizar información y, sobre todo, actuar para resarcir daños históricos.
Acompañado por Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría del Estado de México, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura estatal llamó a “actuar con contundencia” y dejar atrás las acciones aisladas. Planteó, integrar un comité que reciba casos concretos, los analice jurídicamente, canalice posibles solicitudes de amnistía y establezca un padrón de personas indígenas y afrodescendientes privadas de su libertad, cuya situación legal exija una revisión a fondo.
“Para transformar un poder judicial no basta acciones aisladas, no basta la legitimidad a través del voto popular de personas juzgadoras. Tenemos que ir más, más a fondo”, afirmó Díaz Juárez. Asimismo, propuso la creación de una Comisión de Capacitación, con el objetivo de fortalecer una visión intercultural y de salvaguarda especializada desde todas las etapas del sistema de justicia, no solo en el ámbito jurisdiccional.
De esta manera se responde a los y las integrantes del Observatorio, quienes compartieron experiencias, preocupaciones y la urgencia de abrir canales efectivos para atender casos de injusticia. El Magistrado Presidente insistió en que transformar la justicia requiere reconocer errores, asumirlos y trabajar por corregirlos.
“Son vidas, son historias. (…) Necesitamos visibilizarlas y actuar. Esa fue la intención de crear este Observatorio”, remarcó, al tiempo que sugirió incorporar como miembros permanentes a representantes del Poder Legislativo, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad, para sumar esfuerzos y dar respuesta institucional.
Reiteró que este espacio busca ofrecer soluciones reales, con enfoque intercultural, de género e interseccional, especialmente para mujeres indígenas en prisión. Reconoció además que la justicia no puede construirse en soledad; debe abrirse, dialogar y nutrirse de la comunidad a la que sirve.
La Secretaria de la Contraloría estatal, destacó que este Observatorio no solo representa una plataforma institucional, sino un compromiso ético y humano con la justicia intercultural. Subrayó que articula acciones concretas para garantizar que los pueblos indígenas accedan a una justicia real, entendida desde sus contextos sociales, culturales y lingüísticos.
Al referirse al análisis sobre la amnistía para mujeres indígenas en reclusión, enfatizó que no se trata de indulgencia, sino de una obligación del Estado de corregir desigualdades históricas en el acceso a la justicia, muchas veces marcadas por la ausencia de intérpretes, defensas adecuadas y comprensión cultural. Agregó que, desde el Poder Ejecutivo, y en particular desde la Secretaría a su cargo, se comparte plenamente esta visión de inclusión, transparencia y rendición de cuentas.
En la exposición de motivos, Mario Eduardo Navarro Cabral, Consejero de la Judicatura, destacó que la creación del Observatorio representa un avance sustantivo hacia la transparencia, la rendición de cuentas y el reconocimiento real de los derechos colectivos. Este nuevo órgano no solo se integra al proceso de evolución institucional, también reafirma su compromiso con una justicia accesible, inclusiva e intercultural.
Navarro Cabral puntualizó que el objetivo no es solo proyectar justicia hacia el futuro, sino también corregir errores del pasado, todo bajo un enfoque de igualdad, no discriminación y respeto a la diversidad cultural.
Durante esta primera sesión también se consolidaron acuerdos clave: se propuso y aprobó el nombramiento de Pedro Isaac González, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, como Secretario Técnico, y se avaló el Reglamento Interno, documento que establece las bases de organización y operación del órgano colegiado.
A la sesión asistieron integrantes del Consejo de la Judicatura; Irma Sosa Solís, Directora General de Desarrollo Regional Valle de Toluca de la Secretaría del Bienestar; Alberto Cervantes Juárez, Director General del Instituto de la Defensoría Pública; y Manuel Quiñones Flores, encargado de la Vocalía Ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
Además participaron Ricardo Joya Cepeda, Coordinador General de Acceso a la Justicia del PJEdomex; Juan Vergara Millán, Presidente del Colegio de Abogados del Valle de México, Filial Naucalpan; Edmundo López Galicia, Presidente del Colegio de Abogados del Valle Texcoco A.C.; Nallely Flores Rodríguez, Coordinadora de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; Oscar Bazán Alatorre, integrante del Comité de Participación Ciudadana Mexiquense; Sergio Gordillo Cárdenas, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; Fernando Hurtado Urbina, Presidente de FECOBA.
Elizabeth Acuña Rangel, Presidenta del Colegio de Abogados Humanistas de México; Karina Liliana Guadarrama Jaimes, Presidenta de Más Vida y Más Igualdad; Armando Loizaga Pazzi, Presidente del Instituto de Medicina Intercultural de Nierika A.C.; Benedicto Ayala Cortés, Titular de la Organización Mexicana de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas; María del Consuelo Rodríguez Rocha, activista afrodescendiente; Sergio Ramírez Caloca, Coordinador de Incidencia y Políticas Públicas de Afrodescendientes, Investigación e Incidencia A.C.; y María de Rocío Jesús Torres, Titular de la Casa de la Mujer Indígena Luna Mazahua.