- El diputado Rigoberto Vargas propuso reformas para garantizar la seguridad de docentes, con sanciones de hasta 12 años de prisión por extorsión, denuncias falsas, lesiones u omisión de auxilio en su contra.
- La iniciativa establece obligaciones para familias y autoridades educativas de respetar, proteger y generar protocolos que prevengan, atiendan y sancionen la violencia hacia maestras y maestros.
El diputado Rigoberto Vargas Cervantes (morena) propuso garantizar la integridad y seguridad de las maestras y los maestros de la entidad en el ejercicio de sus funciones, así como imponer de tres meses a 12 años de prisión a quienes incurran en los delitos de extorsión, denuncias falsas, lesiones y omisión de auxilio en su contra.
Al presentar la iniciativa de reforma a la Constitución, el Código Penal y las leyes de Educación y de Responsabilidades Administrativas, ordenamientos del Estado de México, planteó que corresponda al Estado garantizar su protección y el derecho a acceder a mecanismos de defensa legal eficaces y oportunos ante cualquier acto de violencia, amenaza, intimidación o vulneración de su seguridad.
Al exponer que, cuando se aborda la violencia en las escuelas, suele ignorarse la que padecen maestras y maestros —a través de presiones, insultos y agresiones de estudiantes e incluso de sus familias—, propuso imponer penas de ocho a 12 años de prisión y multas de mil a mil 500 días a quienes extorsionen a docentes o personal administrativo de instituciones educativas públicas o privadas, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Pidió también que, en el caso de lesiones que generen incapacidad total o parcial para el ejercicio de la docencia o pongan en riesgo la vida de la víctima, se impongan penas de hasta seis años de cárcel y 375 días de multa (42 mil 427 pesos al valor actual) en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La iniciativa precisa que, si estudiantes, madres, padres, tutores o cualquier persona vinculada con la comunidad escolar lesionan a docentes o personal de apoyo y operativo de las escuelas públicas o privadas, se aplique un castigo de hasta cinco años y cuatro meses de prisión, mientras que las lesiones simples se sancionen con cuatro años de cárcel.
Asimismo, el documento contempla hasta seis años de privación de la libertad a quienes, con ánimo de dañar, comuniquen a una o más personas una acusación falsa, determinada o indeterminada, que pueda causar a personal docente o administrativo de escuelas públicas o privadas una afectación en su honor, dignidad o reputación, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Si la acción genera consecuencias laborales, administrativas o de salud psicológica verificables en la persona afectada, se ordenará la reparación integral del daño.
Por otra parte, a quienes, teniendo la obligación legal, profesional o ética de auxiliar a una o un docente que sea objeto de amenazas, intimidación o cualquier acción que ponga en riesgo su integridad o seguridad, omitan hacerlo sin causa justificada, se les sancionará con tres a seis meses de prisión y 60 días de multa en UMA (6 mil 788.4 pesos).
Esta sanción se incrementará en una mitad si la omisión deriva en la consumación de un crimen en perjuicio del docente.
La reforma del parlamentario, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso mexiquense, establece la obligación de madres, padres y tutores de mostrar respeto irrestricto hacia el personal docente y de apoyo a la educación, así como la de las autoridades educativas, de seguridad pública y de procuración de justicia, de diseñar, implementar y supervisar protocolos para la prevención, detección, atención, seguimiento y sanción de los casos de violencia contra docentes.
Por último, propone considerar obstrucción de la justicia la omisión o negligencia por parte de las o los superiores jerárquicos o titulares de instituciones educativas públicas que, teniendo conocimiento de actos de violencia, acoso, calumnia, difamación o extorsión contra personal docente o administrativo, no actúen diligentemente para prevenir, atender, investigar o dar curso a las denuncias correspondientes.
En la exposición de la iniciativa, el legislador destacó como delitos más visibles contra este grupo social, la extorsión y la difamación, esta última con la agravante del uso de redes sociales, que pueden “viralizarla”, presionando a la autoridad para calmar el ánimo social.