- El Grupo Parlamentario del PRI propuso hasta cinco años de cárcel por la difusión no consentida de imágenes, audios o videos de contenido sexual manipulados a través de aplicaciones, programas o tecnologías que efectúen ajustes automáticos.
- La diputada Lilia Urbina consideró urgente reconocer que este tipo de conductas representan una grave violación a los derechos humanos, pues afectan directamente la intimidad, especialmente de niñas, adolescentes y mujeres.
El diputado Elías Rescala Jiménez y la legisladora Lilia Urbina Salazar, coordinador e integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense, propusieron sancionar hasta con cinco años de prisión y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a 56 mil 570 pesos— la difusión no consentida de imágenes, audios o videos de contenido sexual manipulados a través de la Inteligencia Artificial (IA).
La iniciativa establece que la persona que, haciendo uso de la IA, manipule imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual para crear hechos falsos con apariencia real, con el propósito de exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartirlos a través de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, sin el consentimiento expreso, voluntario, genuino y deseado de las personas que en ellos aparecen, será sancionado con uno a cinco años de prisión y una multa de 200 a 500 UMA (de 22 mil 628 a 56 mil 570 pesos).
El proyecto de reforma al Código Penal del Estado de México, expuesto por la legisladora proponente, identifica a la IA como aplicaciones, programas o tecnologías que analicen fotografías, audios o videos y efectúen ajustes automáticos para realizar alteraciones o modificaciones.
La parlamentaria recordó el caso de Diego “N”, exalumno del Instituto Politécnico Nacional, detenido en octubre de 2023 con más de 166 mil imágenes y 20 mil videos sin consentimiento de sus compañeras.
La diputada consideró urgente reconocer que este tipo de conductas representan una grave violación a los derechos humanos, pues afectan directamente el derecho a la intimidad, especialmente el de niñas, adolescentes y mujeres; además de que atentan contra la dignidad humana al cosificar a la víctima y ocasionar daños psicológicos.
Asimismo, estas conductas vulneran el derecho a la propia imagen, al permitir su explotación y manipulación sin consentimiento, y transgreden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, particularmente en su dimensión digital.
La reforma plantea equiparar las penas con la siguiente conducta vigente: a quien, con la anuencia del sujeto pasivo, haya obtenido imágenes, audios, textos o grabaciones de voz, o contenidos audiovisuales de naturaleza erótica, sexual o pornográfica, y los revele, publique, difunda o exhiba sin consentimiento de la víctima a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación.