- La LXII Legislatura aprobó la iniciativa de la diputada Leticia Mejía (PRI) para que las entidades federativas participen directamente en la prevención y vigilancia forestales.
- El decreto se remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su estudio y eventual votación.
Por unanimidad, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó que las entidades federativas, incluido el Estado de México, puedan realizar acciones de prevención y vigilancia forestal, al igual que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el objetivo de fortalecer la respuesta ante la tala ilegal y mejorar la protección de los recursos naturales, conforme a la iniciativa presentada por la diputada Leticia Mejía García (PRI).
El dictamen y el proyecto de decreto relativos a la propuesta de reforma a la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, al que dio lectura la proponente, que serán remitidos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su análisis y eventual votación, establecen que los estados asuman también las funciones de salvaguarda y patrullaje de sus recursos forestales.
Asimismo, deberán realizar investigaciones técnicas, labores de inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables en la materia.
En términos prácticos, con esta reforma las entidades federativas podrán actuar de manera directa en la prevención y combate de la extracción y tala ilegal de madera, así como en la protección y conservación de sus bosques, sin necesidad de suscribir convenios o acuerdos con la Federación.
Además, contarán con la facultad de participar y coadyuvar en las visitas de inspección y labores de vigilancia, bajo la coordinación de la autoridad estatal correspondiente.
Durante la deliberación, la congresista María José Pérez Domínguez (morena) destacó la relevancia de esta reforma, al señalar que permitirá enfrentar situaciones como la ocurrida el pasado 7 de noviembre en Santa Catarina del Monte, Texcoco, cuando residentes de la comunidad detuvieron a presuntos taladores clandestinos de los bosques locales.
El dictamen, establece que la Federación será responsable de emitir las normas y lineamientos técnicos relacionados con las visitas de inspección y labores de vigilancia forestal, así como de supervisar su cumplimiento. Por su parte, las entidades federativas contarán con facultades para llevar a cabo dichas labores y para implementar acciones de prevención y combate a la extracción y tala ilegal, sin que ello dependa de la suscripción de convenios con la Federación.
Asimismo, plantea que las legislaturas locales realicen las adecuaciones jurídicas necesarias para fortalecer sus capacidades institucionales en materia de prevención, inspección, restauración y protección forestal, incluyendo la creación o adecuación de mecanismos o sistemas que permitan integrar acciones de monitoreo, vigilancia y restauración forestal, en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
Señala, además, que la conservación y protección de los recursos forestales deben ser una prioridad de las autoridades estatales, lo que obliga a generar las medidas legislativas adecuadas a la realidad social actual, que permitan atender eficazmente las denuncias por daños a los bosques y emitir las sanciones respectivas.