El primer informe de labores de Martha Patricia Zarza Delgado debe leerse más como un ejercicio de contextualización política e institucional que como una rendición de cuentas tradicional. No por falta de resultados, sino porque el tiempo efectivo de gestión y las condiciones en las que asumió la rectoría rompen con cualquier parámetro comparativo respecto de sus antecesores.
A diferencia de rectores anteriores —cuestionados al final de sus mandatos, pero con transiciones tersas y controladas desde mayo— Zarza Delgado recibió el mandato formal hasta agosto y el control real de las instalaciones de Rectoría hasta diciembre. Entre una fecha y otra, gobernó sin gobernar: obligada a negociar con un movimiento incubado desde el régimen universitario pasado y tolerado políticamente desde la Secretaría General de Gobierno, lo que condicionó decisiones, tiempos y márgenes de maniobra.
Este dato es central para entender el carácter sui generis de su informe. No hubo “arranque limpio”, ni herencia ordenada. Hubo conflicto, parálisis parcial y una universidad tomada, dañada y desarticulada por actores que nunca acreditaron ser universitarios. La actual administración tuvo que reparar lo que fue roto, rayado o robado en los planteles antes siquiera de pensar en políticas de desarrollo institucional.
A ello se suma un elemento estructural: Zarza Delgado encabeza el primer mandato surgido de un ejercicio democrático más amplio, casi en la antesala del voto directo. Esto no solo le dio legitimidad de origen, sino que elevó exponencialmente las expectativas y las exigencias. La paradoja es evidente: se le reclama rapidez para resolver problemas que se acumularon durante años bajo rectorías que nunca fueron sometidas a un escrutinio tan amplio.
El pliego petitorio que hoy se le exige atender con celeridad es, en realidad, un pliego histórico, ignorado sistemáticamente por administraciones anteriores. La diferencia es que ahora existe una rectoría dispuesta a escucharlo y a procesarlo, aunque el costo político de hacerlo recaiga en quien menos tiempo ha tenido para gobernar.
Este análisis no puede desligarse del contexto político y simbólico en el que ocurre su informe. Patricia Zarza es la primera mujer rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, en un momento histórico en el que el Estado de México es gobernado por Delfina Gómez Álvarez y el país por Claudia Sheinbaum Pardo. No es un dato menor: el escrutinio suele ser mayor cuando el poder cambia de rostro y de género, y las tolerancias se reducen.
En ese marco, el informe de Zarza Delgado no es el de una administración consolidada, sino el de una rectora que recibió una institución fracturada, con legitimidad democrática, pero sin control inmediato del aparato universitario. Su principal mérito, hasta ahora, no está en los grandes anuncios, sino en haber evitado que la crisis escalara, en haber restablecido condiciones mínimas de gobernabilidad y en haber abierto canales de diálogo donde antes hubo cerrazón.
El verdadero juicio a este informe no debería centrarse en lo que no pudo hacerse en pocos meses, sino en lo que logró contenerse y recomponerse. Porque, en la UAEMéx, este primer informe no marca el cierre de un ciclo, sino apenas el inicio real de un mandato que empezó tarde, pero bajo reglas nuevas y con una legitimidad inédita.