La política mexiquense parece tener una memoria muy corta. Hace apenas unos días, la indignación por la agresión física que presuntamente cometió la presidenta municipal de Capulhuac contra una trabajadora del DIF generó un justo y enérgico rechazo. Regidores, partidos políticos e incluso el propio Reginaldo Sandoval Flores, dirigente del PT, —partido que la postuló—, exigieron su destitución inmediata y sanciones ejemplares. Hoy, ese fervor se esfumó como si el golpe también les hubiera borrado la conciencia.
En lugar de avanzar hacia una orden de aprehensión, destitución o una suspensión definitiva del cargo mientras se investiga a fondo el hecho, el cabildo decidió otorgarle a la alcaldesa una licencia por 90 días para atender asuntos personales. Es decir, un permiso disfrazado de impunidad, que le permite alejarse cómodamente del cargo sin enfrentar —por ahora— ninguna consecuencia real.
¿Qué pasó con el clamor de justicia? ¿Dónde quedó la exigencia de los regidores que pedían su destitución? ¿Por qué el Partido del Trabajo guardó silencio tras sus primeras declaraciones? La condena pública fue intensa pero efímera, como si todo se tratara de una reacción política obligada, y no de un compromiso real con los derechos humanos y con las víctimas.
Aún más preocupante es que el tema pudiera quedar enterrado bajo el manto de esta licencia temporal. ¿Será este el pretexto perfecto para dar carpetazo al caso? Esperemos que no. Porque no sólo está en juego la responsabilidad política de una alcaldesa, sino la integridad y la seguridad de una trabajadora que ya interpuso una demanda formal y que podría estar en riesgo si las autoridades no actúan con firmeza.
Hoy más que nunca es vital que quienes levantaron la voz no se desentiendan. Que Morena, el PT, los regidores y cualquier actor político que haya condenado la agresión, acompañen y protejan a la psicóloga del DIF en su proceso legal. Porque el verdadero cambio no se mide en discursos ni en comunicados, sino en acciones que garanticen justicia, verdad y reparación.
Si el caso Capulhuac se archiva como tantos otros, estaremos enviando el mensaje de que la violencia desde el poder puede ser tolerada, minimizada o, peor aún, premiada con vacaciones pagadas de 90 días.
¿Esa es la política que merece el Estado de México?