El ingreso de la Guardia Nacional de Estados Unidos a Los Ángeles, por orden directa de Donald Trump, no es una simple respuesta operativa a protestas callejeras. Es un acto de represión política y racial, dirigido contra comunidades migrantes, en su mayoría latinas y mexicanas, en el marco de una campaña electoral que busca reinstalar el miedo como política de Estado.
Manifestaciones contra redadas del ICE han sido respondidas con mano dura: vehículos incendiados, enfrentamientos, más de 40 detenidos y, lo más grave, la amenaza presidencial de invocar la Ley de Insurrección, lo que habilitaría el uso del ejército contra civiles en territorio estadounidense. Esto eleva el conflicto a un nivel peligroso, donde ya no hablamos solo de política migratoria, sino de criminalización abierta y militarizada del disenso social. Un modelo que, si se consolida, podría extenderse como precedente para otras regiones y gobiernos autoritarios.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado con claridad estas acciones. Lo hizo bien. Pero el contexto exige más que declaraciones puntuales. México enfrenta una disyuntiva: asumir una política exterior activa y protectora, o permitir —por omisión o tibieza— que se violenten los derechos de millones de sus ciudadanos fuera del país.
En este momento, la Cancillería debe actuar con urgencia. Se necesita una estrategia concreta que incluya:
- Protección consular reforzada y masiva.
- Coordinación jurídica para la defensa de connacionales.
- Presión diplomática directa ante el Congreso y gobiernos estatales de EE.UU.
- Articulación con organismos internacionales de derechos humanos.
La presión diplomática real no puede postergarse. Este no es un tema menor ni exclusivo de Estados Unidos: la comunidad mexicana en el exterior es una extensión viva de la nación, y lo que hoy enfrentan en Los Ángeles puede repetirse en Texas, Arizona o cualquier otro estado gobernado por republicanos duros.
Gobernadores y gobernadoras de MORENA: no pueden ser espectadores
El liderazgo federal debe estar acompañado por una posición firme y coordinada de los gobiernos estatales emanados de MORENA. No se trata de “alinearse”, sino de actuar con responsabilidad política ante una amenaza internacional que afecta directamente a sus comunidades migrantes. Quienes gobiernan estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Estado de México o Puebla saben bien que miles de sus paisanos están allá, entre redadas, amenazas y discriminación.
La transformación no puede ser solo un discurso nacionalista para consumo interno. Requiere cohesión territorial y visión internacional.
Más allá de esta coyuntura, México debe asumir de una vez por todas que no puede seguir improvisando su papel regional. El fenómeno migratorio no va a desaparecer. Al contrario, se profundiza por razones estructurales: pobreza, violencia, crisis climática, desplazamientos forzados.
La respuesta no puede ser reactiva ni subordinada a las elecciones de Estados Unidos. El gobierno mexicano debe liderar un nuevo discurso migratorio multilateral, humanista y soberano, junto con países de Centroamérica y organismos internacionales. Esto implica romper con el papel de “tercer país seguro” y dejar de ser el guardián fronterizo por encargo de Washington.
Este episodio va más allá de una simple protesta. Es un síntoma de un modelo de gobernanza basado en el miedo y la militarización de los asuntos civiles. México no puede permitirse ser espectador. Necesita tomar posición firme, proteger a su diáspora y evitar repetir errores de sumisión como en la época de Peña Nieto o el primer año de AMLO. El gobierno de Sheinbaum tiene en sus manos una prueba diplomática temprana y crucial.
Si de verdad se apuesta por una transformación profunda, debemos asumir también una diplomacia con rostro humano, visión estratégica y capacidad de respuesta frente a la barbarie institucionalizada. La soberanía no se proclama: se ejerce.
Atentado en Colombia: advertencia regional
El atentado contra el senador colombiano y aspirante presidencial Ariel Ávila, un político progresista y crítico del poder mafioso, debe leerse como una señal de alarma continental. Los liderazgos que cuestionan estructuras corruptas o autoritarias se están convirtiendo en objetivos, desde Bogotá hasta Ciudad de México. La región vive una peligrosa recomposición de intereses que no dudan en usar la violencia cuando las urnas no les favorecen.
México debe mantenerse atento. Lo que pasa en Colombia, como lo que ocurre en EE.UU., es parte de un patrón regional de reacción conservadora, militarista y excluyente. La izquierda democrática debe blindarse, coordinarse y cuidarse.