- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja propone actualizar la legislación de juegos con apuestas, garantizando la seguridad y salud entre los jugadores.
- Se busca integrar plataformas digitales y modalidades transfronterizas en un marco legal sólido.
- Se garantizan derechos a participantes, operadores y permisionarios, mientras se fortalece la recaudación fiscal y la protección social.
El legislador federal Ricardo Mejía Berdeja presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos con la intención de generar mayor certeza y seguridad para los jugadores.
La propuesta busca abrogar la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente desde 1947, considerada obsoleta frente a los avances tecnológicos, además de digitalizar los servicios en casinos y plataformas de apuestas en línea.
Ricardo “El Tigre” Mejía, legislador por Coahuila, enfatizó que la nueva Ley coloca a las personas como eje central, priorizando la protección de participantes y la regulación responsable de la actividad lúdica.
Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), explicó que ante esta nueva realidad, todos los juegos con apuestas y sorteos se deberán realizar de manera responsable, segura y transparente, salvaguardando derechos fundamentales de participantes, permisionarios y operadoras.
“Se prevé crear el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, autoridad desconcentrada de la Secretaría de Gobernación, que asumiría la regulación, inspección y sanción, eliminando discrecionalidad y fortaleciendo la transparencia del sector; todo para el bienestar de los ciudadanos”, expresó.
Además, la modificación de ley contempla la sustitución de permisos actuales, limitando cada licencia a un solo establecimiento y asegurando condiciones equitativas para nuevos permisionarios, con lo cual se fomenta un mercado competitivo y regulado.
Se incorpora un sistema de combate al juego ilegal, con facultades para clausurar establecimientos, imponer sanciones de hasta 200 mil salarios mínimos y garantizar cumplimiento efectivo de la normativa.
Ricardo Mejía Berdeja resaltó que la nueva legislación aborda la ludopatía como problema de salud pública, estableciendo medidas de prevención, edad mínima de ingreso a 21 años y programas de autoexclusión voluntaria para participantes en riesgo.
Se contemplan, además, controles informativos, prohibición de cajeros automáticos en áreas de juego y obligaciones de los permisionarios para garantizar que los jugadores estén informados sobre riesgos y derechos.
También, la iniciativa parlamentaria promueve la educación sobre juego responsable, definiendo límites de apuestas según la capacidad económica del participante y evitando que el entretenimiento derive en adicción o daño a la salud.
“Se prevén programas de atención a grupos vulnerables, incluyendo menores, personas con discapacidad o quienes presenten conductas de riesgo por ludopatía, salvaguardando su bienestar y derechos fundamentales en todo momento”, explicó.
El legislador federal recordó ejemplos emitidos por gobiernos de Brasil y los Estados Unidos, donde marcos regulatorios claros generan ingresos fiscales, empleo y seguridad para jugadores. México, con una industria relevante, requiere actualizar su normativa para aprovechar oportunidades similares.
La Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos permitirá armonizar regulaciones con estándares internacionales, proteger a los consumidores, garantizar transparencia, seguridad jurídica y destinar parte de la recaudación a la salud, cultura y deporte en beneficio de toda la población, dijo.
Mejía Berdeja explicó que la iniciativa busca consolidar una industria moderna, segura y responsable, fomentando el turismo y la actividad económica, además de reducir riesgos asociados con prácticas clandestinas y delitos conexos.
Con esta ley, México podrá integrar plataformas digitales y modalidades transfronterizas en un marco legal sólido, asegurando derechos de participantes, operadores y permisionarios, mientras se fortalece la recaudación fiscal y la protección social.