Por primera vez en la historia contemporánea de México, el pueblo fue convocado a participar directamente en la elección de autoridades del Poder Judicial. Este ejercicio, realizado de manera simbólica y voluntaria en diversas regiones del país y particularmente en el Estado de México, no debe entenderse desde una perspectiva meramente cuantitativa. No se trata de cuántos acudieron a las urnas, sino del valor cualitativo de la participación ciudadana en los asuntos públicos más trascendentales de nuestra vida democrática: la impartición de justicia.
Durante décadas, el Poder Judicial se mantuvo como una esfera lejana, inaccesible, e incluso elitista, donde la designación de jueces y magistrados se decidía entre cúpulas, sin que la ciudadanía tuviera voz ni voto. Hoy, aunque aún no se ha reformado completamente el sistema, se dio el primer paso hacia un nuevo paradigma de justicia más democrática, más transparente, y con mayor rendición de cuentas.
Es cierto que este primer ejercicio fue inédito, perfectible y simbólicamente limitado. Pero precisamente por eso, resulta más valioso. Porque inaugura una nueva ruta en la que los ciudadanos no solo opinan o protestan, sino que también se involucran directamente en decisiones que antes les eran negadas.
La elección judicial de 2025 no puede evaluarse en porcentajes de participación ni en conteos de urnas. Su verdadero impacto está en la semilla que siembra: una sociedad que deja de ser espectadora y comienza a convertirse en protagonista de su destino jurídico.
En el Estado de México, donde la estructura judicial ha sido históricamente opaca y altamente politizada, este tipo de ejercicios representan una bocanada de aire fresco. Impulsan a los sectores académicos, profesionales, colectivos ciudadanos y al pueblo organizado a reflexionar sobre quiénes deben juzgar y bajo qué principios deben hacerlo.
Sí, hubo fallas. Sí, falta mucho camino. Pero también hay una certeza: no se puede construir un país justo sin democratizar a fondo al Poder Judicial. Y eso no será posible sin la participación del pueblo.
La buena noticia es que esto no termina aquí. En 2027, los mexicanos tendrán una nueva oportunidad para elegir a jueces, magistrados y ministros. Para entonces, lo aprendido hoy será valioso. La crítica constructiva, la exigencia de mejores mecanismos y la preparación ciudadana serán fundamentales para afinar un proceso que apenas empieza, pero que apunta hacia una justicia más cercana y representativa.
Porque la verdadera transformación no se mide en cifras frías, sino en la capacidad del pueblo para construir una sociedad más consciente, más justa y más participativa. Lo que inició como un ejercicio simbólico, podría convertirse en uno de los pilares más firmes de la Cuarta Transformación.