Por años, el robo de combustible —huachicoleo, en su forma más cruda y violenta— se enraizó en diversas regiones del Estado de México, especialmente en el norte, donde municipios como Ixtlahuaca fueron testigos silenciosos de un fenómeno delincuencial que, con el tiempo, se volvió parte del paisaje cotidiano. Lo verdaderamente preocupante no es solo la existencia del delito, sino la permisividad institucional, la omisión oficial y la normalización del crimen.
Los recientes operativos encabezados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, marcan por fin un punto de quiebre. Que el Gobierno Federal haya ejecutado un golpe quirúrgico y simultáneo en la Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México, con un énfasis en Ixtlahuaca, evidencia que las redes criminales no sólo estaban bien establecidas, sino también protegidas o, en el mejor de los casos, ignoradas por las autoridades locales durante demasiado tiempo.
La redada no es menor: detenciones de cabecillas, aseguramiento de vehículos, armamento, animales exóticos y millones de pesos en efectivo. Todo esto deja ver que no se trataba de “huachicoleros de cubeta”, sino de una estructura empresarial del crimen, con logística, lavado de dinero y capacidad de corrupción. Resulta escandaloso que esta maquinaria operara en una zona clave del Edomex sin ser desmantelada antes.
Hoy se pone el dedo en la llaga. Pero esa herida, abierta y dolorosa, exige algo más que un operativo mediático: requiere continuidad, transparencia y un rediseño estratégico de vigilancia y justicia. No basta con capturar operadores; hay que desmantelar las complicidades políticas y revisar qué figuras públicas o empresariales miraron hacia otro lado —o se beneficiaron— mientras el saqueo ocurría bajo sus narices.
El norte del Estado de México —desde Ixtlahuaca hasta Atlacomulco, pasando por Jocotitlán, San Felipe del Progreso o Jilotepec— ha sido históricamente una región de tránsito, poder político y control territorial. Si el huachicoleo echó raíces ahí, fue porque alguien lo permitió. Esa es la verdad incómoda que ahora debe esclarecerse.
El reto inmediato será observar si estos golpes de fuerza se traducen en justicia real, y si las acciones se extenderán hacia otras regiones donde el fenómeno también opera con impunidad. No podemos quedarnos en la celebración momentánea. El verdadero éxito será cuando el huachicol deje de ser negocio, cuando los operadores criminales no tengan refugio institucional, y cuando las comunidades ya no vivan bajo el miedo o la complicidad forzada.
El Estado de México merece más que operativos esporádicos. Merece una limpia profunda. Y sobre todo, merece verdad.