- La normatividad incorpora la figura de “amigo del Poder Judicial” para dar voz a la sociedad civil en asuntos vinculados a la tutela de los derechos humanos y al control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad.
- La nueva ley, impulsada por los diputados Francisco Vázquez, José Couttolenc y Oscar González, fortalecerá la administración e impartición de justicia.
- La reforma fue aprobada por mayoría de votos. Las bancadas de morena, PVEM y PT votaron a favor, mientras que PRI, PAN, MC y PRD en contra.
- En lo particular, se avalaron dos reservas del diputado Octavio Martínez y de la diputada Ruth Salinas, para descartar la asignación de una magistratura al presidente del Tribunal de Justicia estatal, al concluir el periodo de dos años para el que fue electo.
El Congreso mexiquense aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, la cual da voz a la sociedad civil mediante la figura de “Amicus Curiae” o amigo del Poder Judicial, para que toda persona física, jurídica colectiva o colectivo social se exprese en asuntos vinculados a la tutela de los derechos humanos y al control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad, para aportar argumentos que permitan esclarecer una cuestión sometida a la jurisdicción de los tribunales estatales, con calidad orientadora y no vinculante.
Conforme al dictamen a la iniciativa de los coordinadores de los grupos parlamentarios de morena, PVEM y PT, diputados José Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Oscar González Yáñez, respectivamente, para la figura referida, el Pleno del Órgano de Administración Judicial —de nueva creación¬ —emitirá el reglamento correspondiente.
Al dar lectura al dictamen de la iniciativa (avalado por las bancadas de morena, PVEM y PT y votado en contra por las del PRI, PAN, MC y PRD), el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, apuntó que esta ley tiene el objetivo de fortalecer la administración e impartición de justicia, consolidar los cambios estructurales necesarios, y avanzar en la transformación del sistema de justicia. Además, recalcó que obedece a un mandato popular claro, duro y contundente.
Durante el cuarto periodo extraordinario de sesiones, el Pleno avaló la reserva del diputado Octavio Martínez Vargas (morena) y de la diputada Ruth Salinas Reyes (MC), a la que se adhirió la diputada Miriam Silva Mata (PVEM), para descartar que el Órgano de Administración Judicial asignara una magistratura al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), al concluir el periodo de dos años para el que fue electo el 1 de junio pasado.
Al expresar sus votos en contra, por el GPPAN, la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio apuntó que su decisión es un acto de responsabilidad que defiende la certeza jurídica en beneficio de la población. Del PRI, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez consideró que con la aprobación se vulnera la división de poderes en la entidad.
Por MC, la parlamentaria Ruth Salinas, quien presentó diversas reservas que fueron descartadas, consideró a esta ley como un retroceso. Y del PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada, solicitó suspender la votación y acusó que la ley concentra el poder en la presidencia del TSJEM.
Cabe señalar que el documento destaca que la nueva ley atiende las reformas a las constituciones general y local, con respecto a la estructura y funcionamiento de este Poder, particularmente en cuanto a su sistema de gobierno o gobernanza, con la separación clara de sus funciones.
Lo anterior implica la existencia de un Tribunal Superior de Justicia encargado de las labores jurisdiccionales; un Tribunal de Disciplina Judicial, para velar por la independencia, integridad y honestidad en la administración e impartición de justicia, en el caso de faltas administrativas cometidas por personas juzgadoras; y un Órgano de Administración Judicial, para la gestión operativa administrativa y el servicio de carrera judicial.
Asimismo, la ley actualizará el régimen de responsabilidad administrativa y las conductas que constituyen infracciones por parte de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, en particular de magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como los requisitos y supuestos para licencias y ausencias.
Por otro lado, los recursos financieros, humanos, materiales y presupuestales pertenecientes a las unidades administrativas del actual Poder Judicial, que cambian de denominación se transforman o desaparecen con esta nueva norma, serán transferidos a las unidades administrativas de nueva creación que asumirán dichas atribuciones. En todo momento se respetarán los derechos laborales de las personas servidoras públicas, conforme a la ley en la materia.
El dictamen también hace referencia a los resultados de diversos diagnósticos institucionales y percepciones ciudadanas sobre la organización, funcionamiento, eficiencia y eficacia del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local. Estos diagnósticos han revelado que el actual sistema enfrenta múltiples retos estructurales para llevar a cabo una adecuada administración e impartición de justicia, debido a la inadecuada separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas, lo que justifica la implementación de la nueva norma.
Con la aprobación de esta ley y la próxima entrada en vigor del decreto correspondiente, la LXII Legislatura del Estado de México contribuye al inicio de una nueva etapa en el Poder Judicial, cuyas personas integrantes, electas en el histórico proceso electoral de junio pasado, rendirán protesta ante el Pleno legislativo el próximo 5 de septiembre.