- El Congreso mexiquense aprobó elevar a rango constitucional diversos programas sociales en favor de personas con discapacidad y adultas mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad, acceso a vivienda, salarios a personas del campo y apoyos a personas dedicadas a la pesca.
- El decreto conjunta las iniciativas de la y los diputados María José Pérez, Edmundo Luis Valdeña y Carlos Antonio Martínez Zurita, de morena; Mariano Camacho (PRI); integrantes de la bancada de MC; y de la gobernadora Delfina Gómez.
Con el objetivo de garantizar derechos fundamentales, el Congreso mexiquense avaló elevar a rango constitucional diversos programas sociales y otorgar pensión a personas con discapacidad y adultas mayores, y a mujeres en condición de vulnerabilidad; así como garantizar el acceso a una vivienda digna y establecer un salario seguro, justo y permanente para personas trabajadoras del campo, y brindar apoyos a quienes se dedican a la pesca.
El dictamen conjuntó seis iniciativas presentadas por la y los diputados María José Pérez Domínguez, Edmundo Luis Valdeña Bastida y Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, todos del grupo parlamentario de morena; así como por Mariano Camacho San Martín, del PRI; integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano; y por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En su oportunidad, la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) celebró que la propuesta de su bancada, para otorgar vivienda digna y adecuada, haya sido aprobada por el Pleno. Reconoció la voluntad de las, le y los diputados para dignificar la vida de la población.
Las reformas, cuyo dictamen fue leído por el diputado Edmundo Valdeña, establecen las modificaciones a la carta magna estatal, para que el Estado establezca políticas públicas inclusivas de desarrollo social, que mejoren el bienestar, eleven la calidad de vida, consoliden la justicia social y erradiquen cualquier práctica discriminatoria que someta o limite el acceso y ejercicio de los derechos sociales y la dignidad humana en la entidad.
También establece que el Estado garantizará el derecho a una pensión no contributiva —es decir, sin necesidad de haber trabajado o cotizado previamente— tanto a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, como a las personas mayores de esa edad, mediante la pensión para personas adultas mayores.
Mandata la entrega de un apoyo económico periódico a las mujeres que habiten dentro del territorio estatal y se encuentren en condición de vulnerabilidad.
De igual forma, instituye que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, por lo que el Estado garantizará, de manera progresiva, los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar ese objetivo.
Asimismo, el Estado asegurará la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a trabajadoras y trabajadores del campo que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas. Igualmente, un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a personas productoras de pequeña escala, y un apoyo anual directo a personas pescadoras de pequeña escala.
Por otro lado, se establece destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio de progresividad y no regresión, para garantizar la transferencia de recursos directos hacia la población beneficiaria. El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya determinado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Finalmente, se incorpora el concepto de “desarrollo social” en el artículo 5 de la Constitución local y garantiza el ejercicio —y no sólo el acceso, como lo establece la legislación vigente— de los derechos sociales y la dignidad humana.