- A propuesta de la diputada Nelly Rivera (morena), la LXII Legislatura mexiquense exhortó a los ayuntamientos a instalar sus juzgados cívicos y expedir los reglamentos respectivos.
- El promedio de cumplimiento en la implementación de la justicia cívica municipal es del 56.88%, según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Debido a los rezagos en la implementación de la justicia cívica —considerada una herramienta clave para fortalecer la gobernanza municipal y construir la paz desde lo local—, el Congreso mexiquense exhortó a las y los presidentes municipales a dotar a los juzgados cívicos de espacios físicos en condiciones de uso, recursos materiales y personal para su operación eficaz, tal como lo dispone la Ley de Justicia Cívica estatal.
A propuesta de la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena), también se les llamó a expedir el Reglamento de Justicia Cívica Municipal y a realizar las adecuaciones normativas en sus bandos municipales y reglamentos respectivos, conforme a la citada ley.
Al exponer el punto de acuerdo, la legisladora señaló que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) reportó que, en mayo de 2024, únicamente 25 de los 125 municipios habían emitido sus reglamentos y adecuado sus bandos municipales para operar la ley, lo que representa apenas un 20 por ciento de cumplimiento estatal.
Además, la Codhem, en el informe Diagnóstico 2025 sobre Derechos Humanos en la Justicia Cívica Municipal, reportó que, para ese año, el promedio de cumplimiento en la implementación de la justicia cívica municipal ascendió a 56.88 por ciento, lo cual evidencia un avance gradual, aunque todavía insuficiente para lograr la cobertura plena.
Por lo anterior, apuntó la parlamentaria, a dos años de la expedición de la ley, el exhorto busca que los ayuntamientos renueven su compromiso con su implementación plena. No se trata de una acción meramente declarativa, sino de un llamado a la acción coordinada, a la capacitación de las personas servidoras públicas, a la difusión de los derechos y deberes ciudadanos y al fortalecimiento institucional.
Puntualizó que, si se quiere un Estado de México en paz, debe construirse desde abajo, desde la vida cotidiana y las comunidades, pues aseguró que la justicia cívica construye, contribuye directamente a la armonía social y no busca castigar sino reintegrar y reconciliar. Que no busca excluir, sino preservar la comunidad.