
- La diputada Paola Jiménez (morena) propuso que a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se les impida el acceso a conciertos, espectáculos deportivos, festivales o actividades de entretenimiento.
- El Ejecutivo estatal podría celebrar convenios o contratos con empresas, promotoras y organizadoras de eventos, así como con plataformas de venta de boletos, para habilitar mecanismos de verificación del cumplimiento de esta obligación parental.
Por considerar inadmisible que quienes evaden su responsabilidad alimentaria accedan a privilegios de esparcimiento y recreación, la diputada Paola Jiménez Hernández (morena) propuso impedir que las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ingresen a eventos masivos, como conciertos, espectáculos deportivos, festivales o actividades de entretenimiento.
De acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Civil y a la Ley de Fomento Económico, ambas estatales, las autoridades administrativas y las personas físicas o morales organizadoras de dichos eventos deberán implementar mecanismos para verificar la situación legal de las personas solicitantes mediante consulta del mencionado registro al momento de la compra de boletos, registro de asistencia o acceso al evento, con respeto a la confidencialidad y protección de datos personales.
Para tal efecto, el Ejecutivo estatal podría celebrar convenios de colaboración o contratos con empresas, promotoras y organizadoras de eventos masivos, así como con plataformas de venta de boletos, a fin de establecer mecanismos de verificación de identidad y restricción de acceso.
La legisladora subrayó que el incumplimiento de esta obligación alimentaria constituye una forma de violencia económica que atenta contra el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y que, de acuerdo con datos del Poder Judicial estatal, entre enero y mayo de 2024 se iniciaron más de mil 326 carpetas de investigación por desatender deberes de asistencia familiar.
Indicó que la iniciativa representa una acción afirmativa concreta que coloca en el centro el interés superior de la niñez, al establecer una consecuencia visible para quienes incumplen sus obligaciones parentales.