Por Aníbal Becerra Olvera
En Tlalnepantla no está ocurriendo algo común: un alcalde decidió abrir cajones, revisar expedientes y prender la luz donde durante años se gobernó en penumbras. Raciel Pérez Cruz no inventó un escándalo; se topó con él. Y eso, en la política mexiquense, suele ser más peligroso que administrarlo.
Las cifras hablan solas, aunque a muchos les incomoden: 14 denuncias penales contra ex funcionarios de primer nivel del gobierno de Tony Rodríguez Hurtado; más de 370 ex servidores públicos sancionados; 172 inhabilitados; obras pagadas y no ejecutadas; deportivos desmantelados; fraudes a contribuyentes; programas sociales con firmas falsas; juicios laborales “milagrosamente” perdidos para sangrar al Ayuntamiento. Todo muy creativo, todo muy caro. La posible afectación: más de 37 millones de pesos… y contando.
Frente a ese panorama, resulta casi enternecedor que todavía haya quien se pregunte si Raciel “quiere meter a la cárcel” a su antecesor, como si esto fuera una vendetta personal y no la consecuencia lógica de abrir la cloaca administrativa. Raciel no está persiguiendo fantasmas: está siguiendo documentos, auditorías y denuncias formales. Lo demás es narrativa defensiva.
Ahora bien, ¿irá Tony Rodríguez Hurtado a la cárcel? Esa es la pregunta favorita de la tribuna y del morbo político. La respuesta honesta es menos espectacular: eso no lo decide el alcalde. Lo deciden las fiscalías, los órganos de fiscalización y, si todo camina como debería (gran “si” en este país), los tribunales. Pretender que Raciel encierre a alguien por voluntad propia es no entender —o fingir no entender— cómo funciona el Estado de derecho.
Eso sí, hay quienes preferirían que todo quedara en un “ya pasó”, convenientemente aderezado con la muerte del ex tesorero, figura clave que hoy ya no puede explicar rutas del dinero, firmas ni decisiones financieras. En México, estas coincidencias suelen ser muy oportunas para algunos y muy frustrantes para la justicia. Pero incluso sin ese eslabón, el volumen de irregularidades detectadas habla de un sistema, no de un error aislado.
Y aquí viene la parte políticamente incorrecta —pero necesaria— del debate: para el pueblo de Tlalnepantla, ¿qué es más útil? ¿Ver a ex funcionarios tras las rejas o que regresen el dinero que se llevaron? La cárcel sacia el enojo social, pero no pavimenta calles ni reconstruye centros comunitarios. La devolución de recursos sí. Aunque claro, eso implica aceptar culpas, soltar dinero y desmontar redes, algo que suele doler más que posar de víctima política.
En este escenario, Raciel Pérez Cruz juega un papel incómodo pero estratégico: el del alcalde que documenta, denuncia y deja constancia. No encubre, no negocia en lo oscurito, no barre bajo la alfombra. Y eso, paradójicamente, lo convierte en blanco de críticas, sospechas y ataques. En la lógica perversa de la política local, quien señala la corrupción resulta más molesto que quien la cometió.
El mensaje es claro: Raciel está haciendo lo que no se hizo antes. Lo demás —cárcel, sanciones penales, recuperación de recursos— está en manos de las autoridades estatales y federales de justicia y fiscalización. Si fallan, no será por falta de pruebas, sino por exceso de complicidades.
Mientras tanto, en Tlalnepantla ocurre algo inusual: un gobierno que decidió no hacerse el ciego. Y eso, en tiempos donde la impunidad suele ser política pública no escrita, ya es una definición política de fondo.