Por Efrén San Juan VI
La pregunta ya recorre los pasillos del poder municipal y las conversaciones ciudadanas en Tlalnepantla: ¿realmente el alcalde Raciel Pérez Cruz logrará llevar a prisión a su antecesor, Tony Rodríguez Hurtado, o el caso terminará diluyéndose —como tantos otros— entre expedientes interminables, chivos expiatorios y silencios incómodos, acentuados ahora por la muerte del ex tesorero municipal?
Los datos oficiales son contundentes y, al mismo tiempo, alarmantes. Catorce denuncias penales por delitos graves como peculado, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y falsificación de firmas; más de 370 ex servidores públicos sancionados; 172 inhabilitados; y una posible afectación directa a la hacienda pública superior a los 37 millones de pesos solo en obras pagadas y no ejecutadas. No se trata de errores administrativos ni de desorden burocrático: el comunicado describe un presunto esquema sistemático de saqueo, simulación y corrupción institucionalizada durante la administración 2021–2024.
El problema de fondo no es menor: en México, y particularmente en el ámbito municipal, la justicia rara vez alcanza a los titulares del poder. Las responsabilidades suelen fragmentarse, diluirse en directores, jefes de área o funcionarios intermedios, mientras los presidentes municipales se refugian en la narrativa de “yo no sabía” o “fue cosa de mi equipo”. En ese contexto, pensar que Tony Rodríguez Hurtado pisará la cárcel no solo es una apuesta jurídica, sino un desafío político de alto riesgo para Raciel Pérez Cruz.
Más aún cuando la muerte del ex tesorero introduce un elemento incómodo: la desaparición de una figura clave que pudo haber sido pieza central para reconstruir la ruta del dinero. En la historia reciente del país, no son pocos los casos donde la muerte —real o simbólica— de un operador financiero termina siendo el punto final de investigaciones que apuntaban más arriba. La duda es inevitable: ¿servirá este hecho como coartada perfecta para cerrar el caso sin tocar al ex alcalde?
Ahora bien, más allá del legítimo deseo de castigo —comprensible en una ciudadanía harta de corrupción— conviene plantear una discusión incómoda pero necesaria: ¿qué es más útil para Tlalnepantla, ver a ex funcionarios en prisión o recuperar el dinero perdido?
La cárcel satisface el ánimo de escarmiento, pero no repara calles, no reconstruye deportivos, no devuelve programas sociales simulados ni fortalece las finanzas municipales. Para el pueblo de Tlalnepantla, lo verdaderamente conveniente sería que quienes desviaron recursos los devuelvan, que se recuperen los millones que hoy hacen falta para servicios públicos, seguridad e infraestructura. La justicia restaurativa, en términos prácticos, tendría un impacto mucho mayor que una condena penal que, además, podría tardar años en resolverse.
Esto no significa impunidad. Significa priorizar el interés colectivo por encima del espectáculo político. Significa entender que un municipio saqueado necesita recursos, no solo culpables.
Al final, Raciel Pérez Cruz no tiene —ni debería tener— la última palabra. El desenlace de este caso está en manos de las autoridades estatales y federales de justicia y de fiscalización: la Fiscalía Anticorrupción, el Órgano Superior de Fiscalización, la Auditoría Superior y, eventualmente, los tribunales. Ahí se definirá si Tlalnepantla está frente a un parteaguas real en el combate a la corrupción municipal o ante otro episodio donde las denuncias abundan, pero las consecuencias se diluyen.
La historia está abierta. Y lo que está en juego no es solo el futuro político de un ex alcalde, sino la credibilidad misma de las instituciones y la posibilidad —cada vez más escasa— de que la corrupción, alguna vez, sí tenga consecuencias reales.