Toluca, Estado de México, 18 de marzo de 2026.– Con el argumento de colocar la dignidad humana en el centro del sistema de justicia, el diputado Octavio Martínez Vargas presentó una iniciativa para abrogar la actual Ley de Indulto y crear una nueva Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México.
La propuesta, impulsada desde la bancada de Morena, busca romper con un enfoque tradicional y restrictivo del indulto, para convertirlo en un instrumento institucional con sentido social, sustentado en criterios claros, procedimientos definidos y garantías tanto para personas sentenciadas como para víctimas.
El legislador plantea que la justicia no debe ser rígida ni ajena a las condiciones humanas. Bajo esta lógica, advierte que cuando una pena deja de cumplir su función —ya sea de reinserción, proporcionalidad o protección social— el Estado está obligado a revisar su pertinencia, especialmente si se vuelve desproporcionada o atenta contra la dignidad humana.
CRITERIOS HUMANITARIOS Y NUEVAS CAUSALES
Entre los puntos clave de la iniciativa destaca la inclusión de causales objetivas para solicitar el indulto, como:
Enfermedades graves o terminales
Edad avanzada
Impacto severo en hijas e hijos menores
Violaciones al debido proceso
Barreras lingüísticas o culturales en personas indígenas
Contextos de discriminación estructural
Estos elementos buscan dar sustento legal a decisiones que, hasta ahora, podían quedar sujetas a criterios limitados o discrecionales.
MENOS BUROCRACIA Y MÁS ACCESO A LA JUSTICIA
La iniciativa también propone establecer plazos definidos para evitar dilaciones burocráticas, así como fortalecer al Comité Técnico y al Consejo Consultivo de Indulto. Además, se garantiza que las personas privadas de la libertad cuenten con información, orientación y acompañamiento institucional para ejercer este derecho.
Un punto relevante es que el indulto no eliminaría la sentencia ni la obligación de reparar el daño, sino que funcionaría como un mecanismo excepcional para modificar o extinguir la pena cuando existan razones humanitarias o de justicia material.
HACIA UN MODELO PENAL MÁS FLEXIBLE
Con esta propuesta, Octavio Martínez plantea una transformación de fondo en el sistema penal mexiquense, apostando por un modelo más moderno, donde la legalidad no esté divorciada de la compasión.
El enfoque reconoce que detrás de cada expediente existen historias humanas complejas, por lo que el Estado debe contar con herramientas legales que le permitan corregir, con responsabilidad, los casos en los que castigar más ya no significa hacer justicia.