- En comisiones unidas del Congreso mexiquense, diputadas y diputados locales acordaron conjuntar el estudio de las iniciativas de la legisladora Zaira Cedillo y Nelly Brigida, de morena, y de la Fundación Carmen Sánchez, para tipificar la violencia ácida o química.
- Las iniciativas buscan castigos más severos para las personas culpables, así como medidas de protección y reparación para las víctimas.
Al coincidir en tipificar la violencia ácida o química para tener castigos más severos para quienes atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres, diputadas y diputados de morena, PT y PAN respaldaron el estudio en conjunto de las iniciativas en la materia de las parlamentarias Zaira Cedillo Silva y Nelly Brigida Rivera, de morena, así como de la Fundación Carmen Sánchez.
En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, las diputadas Zaira Cedillo Silva, Nelly Brigida Rivera, Selina Trujillo Arizmendi, de morena, Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) y Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), así como el legislador Octavio Martínez Vargas (morena) y Carmen Sánchez Flores, víctima de un ataque ácido y presidenta de la fundación que lleva su nombre, concordaron en que es necesario que esta forma de violencia sea reconocida como autónoma explícitamente en el marco normativo, para que los casos no se procesen como lesiones o violencia familiar.
En su participación, Zaira Cedillo indicó que las propuestas representan una respuesta institucional a una herida social que no debe repetirse en el Estado de México, y admitió que la omisión legal actualmente impide que las víctimas accedan a una atención integral y a una reparación del daño adecuada, lo cual genera impunidad.
Al referir que, hasta 2022, se habían denunciado al menos 100 casos de este tipo de violencia en el país, resaltó que el conjunto de iniciativas establecería en el marco jurídico el concepto de violencia ácida o química, medidas de protección, atención médica inmediata, rehabilitación física y psicológica, apoyo para integración social y laboral, así como la tipificación del delito con penas de prisión con diferentes agravantes.
Tras exponer su iniciativa, Nelly Brigida puntualizó que esta violencia no debe entenderse como una lesión física agravada, sino como una conducta autónoma que busca la anulación de identidad y la “muerte social” de las mujeres.
En este sentido, recordó que su propuesta castigaría con hasta 65 años de prisión las agresiones con ácido u otras sustancias corrosivas, químicas o cáusticas cuando deriven en la muerte o suicidio de las víctimas. Resaltó que, con estas reformas, el Estado de México se sumaría a los congresos de la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, los cuales ya legislaron en la materia.
Selina Trujillo admitió que no basta con incrementar las penas de prisión y puntualizó que la persona agresora debería garantizar la reparación del daño a las víctimas mediante incautación de bienes o congelación de cuentas bancarias.
Tras pronunciarse por garantizar la atención gratuita, oportuna y de calidad a las víctimas, Octavio Martínez compartió que igualmente hay agresiones contra hombres, por lo que sugirió que las sanciones no se limiten únicamente a un género.
Asimismo, expresó su preocupación por la violencia en general contra las mujeres, así como por la atención de las instituciones para ellas, ya que, aseguró, se trata de una problemática integral que requiere prevenirse, identificar su origen, y sancionarla.
Yurixi Leyva solicitó considerar los recursos necesarios para las cirugías reconstructivas para las víctimas, pues compartió que el sector salud federal, entre 2011 a 2022, atendió a 3 mil 354 mujeres por agresiones con sustancias corrosivas, lo que equivale a un promedio de 270 casos anuales.
Al presidir la reunión, Emma Alvarez expresó que con esta violencia se busca marcar de por vida a las mujeres, así como destruir su identidad y “apagarles” la autoestima, por lo que aseguró que, desde el PAN, se afirma que ninguna mujer debe vivir con miedo ni enfrentar sola una recuperación, así como que ninguna persona agresora debe sentirse protegida por vacíos legales o indiferencias institucionales.
Tras reconocer la voluntad política para abordar el tema en el Congreso mexiquense, Carmen Sánchez, quien fue atacada el 20 de febrero de 2014, recordó que en noviembre de 2025 presentó una iniciativa ciudadana con la que se busca tipificar el delito con sanciones claras y reconocerla como una forma de violencia de género; establecer la violencia química como modalidad de violencia para que el Estado la prevenga y atienda con políticas públicas con enfoque de género; y que se consideren medidas especiales psicológicas, de reparación del daño y medidas de no repetición.
Al recordar su caso, el cual derivó en una sentencia de 46 años y 8 meses de prisión en contra de su agresor, Efrén García Ramírez, —la cual fue la primera condena en México y en América Latina por este tipo de ataques—Carmen Sánchez lamentó la desprotección y la revictimización del Estado, pues permitieron que durante siete años la persona que la agredió gozara de impunidad.
Finalmente, las diputadas Zaira Cedillo y Ana Yurixi Leyva invitaron al ‘Foro Violencia Química o Ácida. Hacia su reconocimiento, prevención y sanción en el Estado de México’ el 22 de abril a las 9:00 horas en el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México para conjuntar las aportaciones a estas iniciativas y elaborar un dictamen al respecto.