Por Aníbal Becerra Olvera
De cara a los procesos electorales de 2027 y la sucesión estatal de 2029 en el Estado de México, hay un actor que seguirá siendo determinante, aunque pocas veces se le analice con la crudeza necesaria: el sindicalismo magisterial.
El contexto no es menor. Las elecciones de 2027 serán una de las contiendas más amplias y complejas del país, con renovación de la Cámara de Diputados y múltiples cargos locales, mientras que desde ahora la clase política ya se encuentra en abierta disputa por el control territorial y la definición de candidaturas. En el Estado de México, además, ese proceso será la antesala directa de la lucha por la gubernatura en 2029, donde ya se perfilan bloques, tensiones internas y reacomodos de poder.
En ese escenario, el magisterio organizado no es un actor secundario: es estructura, territorio y movilización. Es, en términos prácticos, una maquinaria electoral.
Pero ahí está el fondo del problema.
El sindicalismo magisterial ha sido históricamente utilizado como un instrumento de operación política. Su capacidad para “bajar línea”, movilizar votantes y garantizar presencia en casillas lo convierte en un activo estratégico para cualquier partido o gobierno. En una entidad como el Estado de México —con uno de los padrones más grandes del país— ese músculo puede inclinar resultados en distritos clave.
La pregunta es inevitable: ¿qué recibe el magisterio a cambio?
Si se revisa con frialdad, el patrón se repite elección tras elección. La estructura sindical se activa, participa, opera… pero los beneficios concretos para la base son difusos, cuando no inexistentes. Las mejoras salariales son marginales, las condiciones laborales siguen siendo precarias en muchos casos y la carga administrativa aumenta. En contraste, las dirigencias sindicales sí logran posiciones, influencia y cercanía con el poder.
Es un modelo de intercambio profundamente desigual.
Rumbo a 2027, este esquema podría tensarse aún más. El adelanto de la competencia política, las fracturas internas en los partidos y la necesidad de asegurar territorios estratégicos —como el poniente mexiquense, donde se concentra alta competencia electoral— harán que la operación política cobre mayor relevancia que nunca. Y ahí, nuevamente, el sindicalismo será pieza clave.
Sin embargo, hay un cambio silencioso que podría alterar esa lógica: la base magisterial ya no es tan pasiva como en otros años.
El acceso a la información, el desgaste de los liderazgos tradicionales y la falta de resultados palpables están generando una creciente inconformidad. Cada vez más docentes cuestionan por qué su participación política no se traduce en beneficios reales. Y esa pregunta, si se generaliza, puede convertirse en un factor de ruptura.
De cara a 2029, el escenario es aún más delicado. La sucesión por la gubernatura del Estado de México no solo implicará una disputa entre partidos, sino una batalla por el control de estructuras. Y el sindicalismo magisterial estará en el centro de esa disputa.
Pero también podría estar en un punto de inflexión.
Si el sindicato mantiene su papel como operador político sin rendición de cuentas hacia su base, corre el riesgo de perder eficacia electoral. Una estructura que no convence a los suyos difícilmente puede garantizar votos hacia afuera. La disciplina corporativa ya no es automática.
La otra ruta —más compleja pero más sostenible— es redefinir su papel: dejar de ser un instrumento al servicio del poder y convertirse en un actor que negocie políticamente, sí, pero con resultados claros, medibles y directos para las y los maestros.
Porque en el fondo, el problema no es que el sindicalismo participe en la política. El problema es que lo haga sin beneficios para quienes dice representar.
Las elecciones de 2027 y 2029 no solo pondrán a prueba a los partidos. También pondrán a prueba al sindicalismo magisterial: su capacidad de movilización, pero sobre todo, su legitimidad.
Y en política, cuando la legitimidad se agota, ni la estructura más grande alcanza para sostener el poder.