- El legislador Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política; la gobernadora Delfina Gómez; y el magistrado Héctor Macedo, presidente del Poder Judicial, propusieron crear el Juzgado Libre (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación).
- Este órgano será especializado en órdenes y medidas de protección que fortalecerá la respuesta judicial ante la violencia de género.
- La propuesta, en la que también participan José Luis Cervantes Martínez y Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titulares de la Fiscalía General de Justicia, y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, reforzará la protección a víctimas.
Los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) propusieron la creación del Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), un órgano especializado en órdenes y medidas de protección. Este juzgado fortalecerá la respuesta judicial ante la violencia de género y garantizará un acceso más efectivo a la justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La propuesta está firmada por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local; la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia; así como José Luis Cervantes Martínez y Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titulares de la FGJEM y de la Codhem, respectivamente.
La iniciativa de reformas a la carta magna estatal, leída en sesión deliberante por la diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT), refiere que el ejercicio del Poder Judicial también se deposita en juzgados especializados en órdenes y medidas de protección, entre ellos el Juzgado LIBRE, que operará las 24 horas del día, todos los días del año, con competencia en todo el estado.
Entre otras modificaciones planteadas, destacan el establecimiento de la obligación de las autoridades del Estado y de los municipios de actuar con debida diligencia en la protección de las víctimas; así como prever, como un deber de las autoridades administrativas, ministeriales jurisdiccionales, que, antes de emitir órdenes y medidas de protección, se realice una evaluación de riesgo basada en instrumentos técnicos, cuya intención es homologar criterios para las autoridades competentes y evitar arbitrariedades en su aplicación.
El documento expone que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones con los Hogares 2021, el 78.7 por ciento de las mexiquenses de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia: psicológica, física, sexual, económica o patrimonial en algún momento de su vida, y 47.6 por ciento la sufrió en los 12 meses previos a la realización de la encuesta. Añade que, de enero a septiembre, se registraron 42 víctimas de feminicidio, equivalentes al 8.2 por ciento de los casos a nivel nacional, lo que representa la proporción más alta.
“Tomando como referencia la información estadística anterior, resulta fundamental que el Estado de México fortalezca, impulse y ejecute acciones de prevención, atención, investigación y sanción orientadas a la eventual eliminación de todas las formas de violencia que se han traducido en la comisión de delitos de alto impacto, que han colocado a la entidad como una de las más inseguras para las niñas, adolescentes y mujeres”, indica la iniciativa.
Lo anterior, continúa, permitirá emitir órdenes de protección de manera oportuna, eliminar trámites burocráticos y mejorar la coordinación entre autoridades de seguridad, salud, procuración de justicia y atención a víctimas.
El documento señala que el Gobierno del Estado de México reconoce que la violencia de género es una realidad que exige voluntad política, coordinación institucional y reformas profundas para garantizar que ninguna mujer quede desprotegida. En esta lógica, la iniciativa forma parte de un esfuerzo amplio orientado a transformar la manera en que el Estado de México protege la vida y la integridad de quienes se encuentran en mayor riesgo.