La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para impedir que personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada puedan convertirse en candidatos de cualquier partido político.
La propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual dependería del Instituto Nacional Electoral y tendría como función revisar perfiles de aspirantes antes de su registro oficial.
De acuerdo con el planteamiento presidencial, los partidos políticos entregarán de manera voluntaria las listas de sus aspirantes a la nueva comisión, que a su vez solicitará información a distintas instancias de seguridad, inteligencia y fiscalización financiera del Estado mexicano.
Entre las instituciones que participarían en la revisión destacan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales emitirían dictámenes para determinar si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” respecto de posibles nexos del aspirante con actividades ilícitas.
Con base en esos análisis, serán los propios partidos políticos quienes asuman la responsabilidad final de decidir si registran o no a determinado candidato.
La iniciativa también establece que, en caso de encontrarse información relevante, las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia continuarán con las investigaciones correspondientes, de acuerdo con sus atribuciones legales.
La propuesta surge en medio del debate nacional sobre la infiltración del crimen organizado en procesos electorales y gobiernos municipales, estatales y federales, un tema que ha generado preocupación tanto en autoridades electorales como en sectores políticos y sociales.
Con esta reforma, el gobierno federal busca fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la selección de candidaturas, así como blindar los procesos electorales frente a posibles intereses criminales.