Toluca, Estado de México.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y Ciudad de México, detuvo a dos servidores públicos del Gobierno del Estado de México, señalados por su probable participación en una red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio de combustible.
Los detenidos fueron identificados como Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia.
Raúl “N” fue detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo “N” fue aprehendido en Ciudad de México, como resultado de órdenes judiciales derivadas de las investigaciones realizadas por las autoridades.
EXIGÍAN CUOTAS PARA NO CLAUSURAR VERIFICENTROS
De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, diversas denuncias y actos de investigación permitieron establecer que los funcionarios presuntamente formaban parte de una red extorsiva integrada por servidores públicos, exservidores públicos y particulares.
El esquema habría consistido en exigir a propietarios de verificentros pagos ilegales para permitirles continuar operando, bajo la amenaza de cerrar sus líneas de verificación o generarles afectaciones administrativas.
La Fiscalía también investiga casos en los que presuntamente integrantes de esta red abusaron de sus atribuciones para intentar despojar a legítimos concesionarios de sus autorizaciones e incluso de la infraestructura adquirida por las propias víctimas.
Las amenazas, según la investigación, buscaban impedir que los afectados denunciaran los hechos.
MILLONARIAS GANANCIAS ILÍCITAS
Uno de los aspectos que más llama la atención de la investigación es el monto de los recursos que presuntamente habría generado esta estructura.
La FGJEM señala que, hasta el momento, existen elementos para establecer que el esquema habría producido varias decenas de millones de pesos mensuales, únicamente mediante las cuotas exigidas para evitar el cierre de las líneas de verificación.
A ello se sumarían cantidades adicionales reclamadas por la revalidación de las autorizaciones.
Los pagos, según los expedientes de investigación, eran exigidos en efectivo y entregados en un domicilio que ya fue identificado por las autoridades.
BUSCAN A MÁS INVOLUCRADOS Y POSIBLES VÍCTIMAS
La investigación permanece abierta y la Fiscalía mexiquense trabaja en la identificación y captura de todos los integrantes de esta presunta red de corrupción y extorsión.
Además, la institución anunció que contactará a otras posibles víctimas que, por temor a represalias, no han presentado formalmente sus denuncias.
La incorporación de nuevos testimonios y denuncias podría permitir a las autoridades determinar el verdadero alcance de la estructura y actualizar el monto de los recursos ilícitos obtenidos.
Las autoridades continuarán con las investigaciones para obtener nuevas órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables. Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.