- El Grupo Parlamentario de MC, coordinado por el diputado Juan Zepeda, propuso el reconocimiento de menores que viven con su madre en un centro penitenciario o de quienes, sin residir en él, dependen de una persona encarcelada como población de ‘atención prioritaria’.
- La iniciativa, expuesta por la legisladora Maricela Beltrán, pretende incorporar un Comité Interinstitucional como órgano auxiliar del Consejo Estatal para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil estatal.
- La diputada explicó que el proyecto de reforma a seis ordenamientos del ámbito estatal busca aprovechar estructuras institucionales existentes, por lo que evita algún impacto presupuestario.
A fin de reforzar la protección de la niñez con referentes de crianza privados de la libertad (que viven con su madre en un centro penitenciario o quienes, sin residir en él, dependen de una persona encarcelada), el Grupo Parlamentario de MC propuso el reconocimiento de esta población como de ‘atención prioritaria’ e incorporar un Comité Interinstitucional como órgano auxiliar del Consejo Estatal para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México para el cuidado y desarrollo integral de este sector.
El proyecto de la bancada que coordina el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández plantea que las autoridades estatales y municipales garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de esta población conforme al interés superior de la niñez y la no discriminación, asegurando su derecho a convivir y mantener contacto con sus referentes de crianza privados de libertad en condiciones dignas, seguras, accesibles y acordes con su edad y desarrollo.
El documento, expuesto por la diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC), resalta la colaboración del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos de Género, Derechos Humanos y de la Sociedad, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), para proteger a las infancias en estos contextos, y pretende reformar seis ordenamientos del ámbito estatal a efecto de aprovechar estructuras institucionales existentes sin impacto presupuestario.
En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se busca que la Secretaría de Seguridad de la entidad, las autoridades penitenciarias y de reinserción social, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades educativas y de salud, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se coordinen para la implementación de medidas de protección especial.
Dicha coordinación deberá contemplar la identificación y registro administrativo de niñas, niños y adolescentes en esta condición, así como la elaboración y seguimiento de un plan de restitución de derechos cuando se detecten riesgos o vulneraciones, sin perjuicio de las medidas urgentes de protección que correspondan.
Respecto a la propuesta de creación del comité interinstitucional, se proyecta modificar la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que este órgano, bajo conducción del DIFEM, impulse criterios y rutas de coordinación para prevenir y atender cualquier forma de discriminación o violencia, promover entornos de cuidado seguros y asegurar la continuidad de servicios para este sector.
Este comité articularía, coordinaría y daría seguimiento, con enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación, accesibilidad e inclusión, a las acciones interinstitucionales necesarias para garantizar la prestación adecuada de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, incluidos los que se brinden en instalaciones ubicadas en centros penitenciarios o vinculadas con ellos.
Además, sería presidido por la persona titular del DIFEM, mientras que la secretaría técnica del comité estaría a cargo de la persona titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal, que será responsable de la convocatoria, conducción técnica, seguimiento de acuerdos e integración de información para fines de informes.
El documento dispone que el comité estaría integrado por personas designadas por la Secretaría General de Gobierno, a través de la instancia competente en materia penitenciaria, así como por las secretarías de Seguridad; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Salud, y de Bienestar; la Comisión de Derechos Humanos; el Tribunal Superior de Justicia; la Fiscalía General de Justicia; el Instituto de la Defensoría Pública; la Dirección General del Registro Civil, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de México.
La operación del comité se realizaría con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles de las dependencias y entidades que lo integran, sin generar erogaciones adicionales al presupuesto autorizado.
En la Ley de Seguridad se plantea ampliar las atribuciones de la persona titular de la secretaría del ramo para coordinar las acciones necesarias para salvaguardar el interés superior y los derechos de menores en esta situación, garantizando condiciones de convivencia, accesibilidad a servicios y canalización institucional.
Respecto a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, se propone que se adopten medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas para prevenir y eliminar toda forma de estigmatización o discriminación contra niñas, niños y adolescentes con referentes de crianza privados de libertad.
Mientras que en la Ley de Asistencia Social se establecería que serían sujetos de asistencia social las y los dependientes de personas privadas de su libertad, incluyendo de manera prioritaria a niñas, niños y adolescentes hijas e hijos, así como a quienes residan o convivan en centros penitenciarios con su referente de crianza privado de libertad.
Finalmente, en la Ley de Víctimas se dispondría que el DIFEM y los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia tengan entre sus responsabilidades la de implementar programas y acciones destinadas a la prevención y erradicación de la violencia familiar, especialmente la ejercida contra menores con referentes de crianza privados de libertad, para evitar su victimización secundaria y facilitar su acceso a medidas de ayuda, asistencia y atención.
La diputada reconoció el trabajo de integrantes del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos de Género, Derechos Humanos y de la Sociedad de la UAEMEX, así como la labor de Diana Elisa González Calderón, coordinadora de la Cátedra de Investigación ‘Infancias con referentes de crianza en prisión, infancia es destino’, de la misma universidad, por la elaboración del ‘Protocolo para la prevención y atención de la no discriminación y a una vida libre de violencia e integridad personal, como derechos fundamentales de la niñez con referentes de crianza en prisión en el Estado de México’, en el cual se basó la iniciativa.