- Comisiones unidas del Congreso mexiquense avalaron enviar al Congreso de la Unión una reforma que permitiría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establecer mecanismos de condonación y regularización de deudas acumuladas de estados y municipios.
- La iniciativa del diputado Valentín Martínez (morena) propone convenios para aliviar finanzas públicas y crear mecanismos que faciliten la condonación parcial o total de adeudos a instituciones de educación pública o de salud.
En Comisiones Unidas del Congreso del Estado de México se aprobó remitir al Congreso de la Unión una iniciativa que propone facultar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para suscribir convenios de regularización de adeudos, así como establecer mecanismos de condonación parcial o total de deudas de los gobiernos estatales, municipales y sus entidades.
De acuerdo con la iniciativa del legislador Valentín Martínez Castillo (morena), avalada en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero de la LXII Legislatura del Estado de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría, mediante lineamientos internos, establecer mecanismos para la condonación parcial o total de adeudos derivados del suministro de energía eléctrica a instituciones de educación pública o de salud, ya sean de carácter federal, estatal o municipal, así como en los casos en que dichos adeudos formen parte del pasivo histórico de los gobiernos estatales o municipales.
La propuesta que reformaría la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, a nivel nacional, indica que los adeudos acumulados por estados, municipios y dependencias federales con la CFE ascienden a más de 53 mil millones de pesos, de los cuales 46 mil 189.8 millones corresponden a gobiernos estatales y municipales. El Estado de México, precisa, tiene un adeudo superior a 26 mil 463.7 millones de pesos, lo que representa el 57.2 por ciento del total adeudado por los gobiernos estatales.
Al respecto, el proponente reconoció que al menos 93 municipios mexiquenses registran pasivos con la CFE, y de los 15 ayuntamientos con mayor morosidad en el país, 10 pertenecen a la entidad, de acuerdo con información disponible hasta el 2023. En este sentido, indicó que cuando la deuda crece, lo que disminuye es la capacidad del Estado de garantizar derechos y se traduce en menos recursos para seguridad, obra pública, agua potable y servicios básicos.
En este sentido, los legisladores Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, Octavio Martínez Vargas y Vladimir Hernández Villegas, así como la diputada María José Pérez Domínguez, todos de morena, coincidieron que la reforma puede contribuir a mejorar la situación financiera de los ayuntamientos y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.
También se pronunciaron por revisar la Ley de Responsabilidades, a fin de establecer consecuencias para las personas servidoras públicas que generan adeudos impagables, así como para implementar mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de los pagos y el uso adecuado de los recursos.
Finalmente, la diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT) llamó a las y los presidentes municipales a asumir su responsabilidad y firmar los convenios con la CFE para evitar que las administraciones salientes hereden deudas y permitir que los recursos se destinen a necesidades fundamentales de la ciudadanía.
La iniciativa añade que en el caso de instituciones públicas de educación y de salud, la posibilidad de condonar adeudos permitirá sanear cuentas históricas que, en la práctica, son incobrables debido a las limitaciones presupuestarias de las entidades.
Entre los beneficios que se mencionan destacan el alivio financiero, ya que permitirá a municipios y entidades federativas liberar recursos para invertir en infraestructura, servicios públicos y programas sociales, al dejar de arrastrar deudas impagables, muchas veces heredadas. Se estima que entre el 30 y 40 por ciento de ese adeudo corresponde al consumo en instituciones educativas y de salud, y que el ahorro estaría entre 13 mil y 18 mil millones de pesos.
Asimismo, se fortalecería la educación y la salud pública, pues las escuelas y clínicas que actualmente enfrentan cortes o servicios interrumpidos por falta de pago podrán operar de manera continua, en beneficio directo de la población más vulnerable.
La iniciativa también impulsa la modernización energética, promoviendo acuerdos condicionados a tecnologías más eficientes y sustentables, como paneles solares en escuelas, clínicas y oficinas públicas, y luminarias LED en espacios públicos, lo que reduciría el consumo de energía y las facturas eléctricas. Además, favorecería un federalismo cooperativo más equitativo entre niveles de gobierno y permitiría a la CFE sanear su cartera, concentrándose en fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad del servicio.
Menciona que se trata de una medida de impacto presupuestal neutral en el corto plazo, con beneficios positivos en el largo plazo tanto para la administración pública como para los usuarios finales.