- El diputado Maurilio Hernández (morena) propuso incorporar al texto constitucional la disposición de un plazo de 15 días naturales para que los ayuntamientos se pronuncien sobre las reformas constitucionales.
- La iniciativa plantea que, transcurrido ese plazo sin que los ayuntamientos se pronuncien, se dará por afirmativa su respuesta.
Al señalar que la ley ordinaria no puede imponer disposiciones a una autoridad sin que estas emanen de un mandato equivalente en la Constitución local, el diputado Maurilio Hernández González (morena) propuso incorporar al texto constitucional un plazo de 15 días naturales para que los ayuntamientos se pronuncien sobre las reformas constitucionales que les remita el Congreso estatal.
La iniciativa de reforma a este documento, que busca evitar posibles conflictos competenciales, plantea que, transcurrido ese plazo sin que los ayuntamientos se pronuncien, se entenderá su aprobación por afirmativa ficta (figura que da por positiva la respuesta demandada), por lo que la Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, realizará el procedimiento de declaratoria de validez respectiva.
La propuesta, expuesta en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, reconoce que estas disposiciones ya las incorpora la Ley Orgánica Municipal de la entidad; no obstante que, al establecerse en una ley secundaria dentro del marco jurídico estatal, requiere asentarse debidamente desde el texto fundacional de la entidad.
El proponente señaló que, dentro de la jerarquía normativa de las entidades federativas, la cúspide está ocupada por la Constitución Política de cada estado libre y soberano, la cual constituye la norma fundamental a nivel local y, en muchos casos, incluye sus propios catálogos de derechos humanos; y le siguen las leyes ordinarias expedidas por los congresos estatales.
En tribuna, el legislador explicó que, de aprobarse esta reforma, se solventa una laguna jurídica, pero también se precisa a los ayuntamientos una obligación, ya que en los hechos es frecuente que transcurran esos 15 días sin que se pronuncien sobre las reformas constitucionales puestas a su consideración.