La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura firme frente a las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos contra ciudadanos mexicanos, entre ellos figuras políticas de alto nivel, al subrayar que su administración actuará con base en la ley, pero sin permitir presiones externas.
De acuerdo con el posicionamiento oficial, el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte de autoridades estadounidenses. Un día después, dicha información fue turnada a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme al marco jurídico nacional.
En paralelo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público el levantamiento de cargos contra diez ciudadanos mexicanos, incluyendo al gobernador de Sinaloa, un senador y el alcalde de Culiacán, lo que generó un “extrañamiento” por parte del área jurídica de la cancillería mexicana, al considerar que este tipo de procesos deben mantenerse bajo confidencialidad según tratados internacionales.
Ante este escenario, la Fiscalía informó que evaluará si existen pruebas suficientes para sustentar las solicitudes de extradición y, de manera simultánea, abrirá una investigación para determinar la validez de las acusaciones emitidas por las autoridades estadounidenses.
Sheinbaum fue enfática: si existen pruebas contundentes, su gobierno actuará conforme a derecho. “No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que, en ausencia de evidencias sólidas, las imputaciones podrían tener un trasfondo político.
La mandataria también dejó clara su línea roja: México no aceptará ningún tipo de injerencia extranjera. “Establecemos relaciones de iguales, nunca de subordinación”, afirmó, al reiterar que la defensa de la soberanía nacional será un principio innegociable de su administración.