



La dirigencia nacional de Morena dio un golpe de timón en el caso de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, al solicitar formalmente el inicio de un procedimiento sancionador en su contra y promover la suspensión cautelar de sus derechos partidarios.
A través de un comunicado oficial, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) la petición para que se investiguen conductas atribuidas a la alcaldesa que presuntamente contravienen los principios y estatutos del partido.
La CNHJ sesionó este jueves y determinó abrir el procedimiento correspondiente, además de aplicar como medida cautelar la suspensión de los derechos partidarios de la edil mientras se desarrolla la investigación interna.
De acuerdo con Morena, la decisión deriva de posibles conductas incompatibles con los principios que rigen al movimiento, resumidos en las máximas de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, pilares promovidos desde la fundación del partido.
La dirigencia nacional precisó que el procedimiento se desarrollará con apego al debido proceso, garantizando la presunción de inocencia y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas, por lo que será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la encargada de analizar las pruebas y emitir la resolución que corresponda.
En el comunicado, Morena enfatizó que no habrá tolerancia hacia acciones que vulneren los valores éticos y políticos del movimiento, al tiempo que reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la confianza ciudadana.
La determinación coloca a la alcaldesa de Tenancingo en una situación política compleja, pues la suspensión cautelar representa una de las medidas más severas aplicadas por el partido a uno de sus cuadros en funciones, mientras continúan las investigaciones y se define su futuro dentro de Morena.
Con esta acción, la dirigencia nacional busca enviar un mensaje de firmeza respecto al cumplimiento de los principios partidistas y al combate de conductas que puedan afectar la imagen y credibilidad de la llamada Cuarta Transformación.