- Los legisladores Karim Carvallo, Octavio Martínez y Javier Cruz, de morena, señalaron que regular el desarrollo urbano y fortalecer el ordenamiento territorial en el Estado de México contribuye al cumplimiento del Programa Nacional de Vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
- Lo anterior, en concordancia con las iniciativas impulsadas por el diputado Octavio Martínez, así como con las propuestas de la bancada del PVEM —que preside el congresista José Alberto Couttolenc— y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en materia de derecho a la vivienda, alquiler social, desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el Estado de México.
- Los parlamentarios, junto con el diputado Mariano Camacho, coincidieron en que las iniciativas garantizan certeza jurídica a las familias y personas desarrolladoras de espacios habitacionales.
Los congresistas de morena Héctor Karim Carvallo Delfín, Octavio Martínez Vargas y Javier Cruz Jaramillo coincidieron en que las propuestas presentadas por el diputado Octavio Martínez Vargas, la bancada del PVEM —que preside el legislador José Alberto Couttolenc Buentello— y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en materia de derecho a la vivienda, alquiler social, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, contribuyen a fortalecer el cumplimiento del Programa Nacional de Vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano de la LXII Legislatura mexiquense, en la que se analizaron las tres propuestas, los legisladores, junto con el diputado Mariano Camacho San Martín (PRI), destacaron que estas iniciativas brindan certeza jurídica a las familias y a las personas desarrolladoras de vivienda, atienden la apremiante necesidad de contar con una morada y plantean una solución integral y sostenible a esta problemática. Asimismo, señalaron que la autoconstrucción de vivienda por parte de las propias personas representa una alternativa viable para atender esta necesidad.
Al presidir la reunión, Karim Carvallo puntualizó que en muchas ocasiones la gente no vive donde quiere, sino donde puede, y se pronunció por regularizar los asentamientos irregulares de muchos municipios estatales como una forma de ayudar al Gobierno de la República a cumplir el Programa Nacional de Vivienda.
De igual manera, llamó a generar una legislación más funcional y práctica para que los gobiernos locales no entreguen permisos a desarrolladores de vivienda cuando no pueden otorgar servicios básicos, como el suministro de agua potable.
Tras solicitar que se atienda la falta de moradas desde una visión social y progresista, Octavio Martínez resaltó que las iniciativas permiten a las y los empresarios del ramo mantener su negocio, aunque colectivos y población organizada podrán sumarse a la construcción de viviendas.
En ese sentido, recordó que el programa nacional plantea construir un millón 800 mil casas en el país, de las cuales 100 mil se prevén para esta entidad. Al señalar que datos oficiales registran que el 18 por ciento de la población paga renta de vivienda, y que destina el 40 por ciento de sus ingresos a cubrir tal arrendamiento, añadió la necesidad de establecer sanciones a personas constructoras que no cumplan con la dotación de servicios públicos.
Luego de indicar que las propuestas contemplan acciones concretas para garantizar certeza legal en los trámites relacionados, Javier Cruz apuntó que armonizan autorizaciones de licencias de uso de suelo y evaluaciones de impacto estatal para que se otorguen sobre el predio y no por fracciones aisladas, además de calcular acertadamente los coeficientes de ocupación del suelo.
También aseveró que las propuestas no generan mayor burocracia, sino que reducen los márgenes de discrecionalidad y brindan mayor certeza jurídica tanto a las familias como a las personas desarrolladoras de vivienda.
Por la bancada del PRI, Mariano Camacho pidió diferenciar entre la regularización de la tierra y la de los asentamientos residenciales irregulares, al señalar que su atención requiere la intervención de distintas instancias de los gobiernos estatal y municipal y que, en determinados casos, las diferencias corresponden únicamente a conflictos entre particulares.
Igualmente planteó cuidar al detalle la reforma final y su ejecución, abogando por impulsar la autoconstrucción como una respuesta adecuada a la falta de casas en la entidad.
Con la representación del gobierno estatal, Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y del Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno’, precisó que la iniciativa de la mandataria se enmarca en el Programa Nacional de Vivienda, y se orienta a mejorar trámites y servicios del gobierno estatal para facilitar acceso a la vivienda.
Por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Eduardo Alberto López Pascual, coordinador jurídico de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, expuso que esta propuesta busca fortalecer y agilizar los trámites relacionados, eficientar los trabajos de la secretaría, impulsar la captación de inversión en el ramo y generar empleo.
Blanca Piña Moreno, directora general de Operación y Control Urbano, explicó que esta reforma prevé limitar la liberación del último permiso de ventas (25 por ciento del total) a desarrolladores, como medida preventiva, hasta la entrega al ayuntamiento del total del conjunto.
En su turno, Claudia Moguel Cruz, directora general de la Comisión de Impacto Estatal, detalló que con la reforma se harán públicos los criterios que deben atender las personas desarrolladoras para obtener la evaluación del impacto estatal.
Cabe precisar que la propuesta de modificación a la Ley de Vivienda, presentada por Octavio Martínez, plantea la creación de un Sistema Estatal de Vivienda que permita integrar, coordinar, dar seguimiento y evaluar de manera transversal la política habitacional. De igual manera, propone establecer un Programa Estatal de Vivienda que contemple diagnósticos, objetivos, metas, estrategias, acciones prioritarias, previsiones presupuestales y mecanismos de evaluación, a fin de atender las distintas realidades regionales y sociales de la entidad.
Asimismo, prevé la implementación de instrumentos de planeación urbano-territorial para un desarrollo urbano ordenado, inclusivo y resiliente e incorpora la posibilidad de denuncia ciudadana por violaciones al derecho a la vivienda y por restricciones al acceso a la información pública en la materia.
En cuanto al planteamiento de la bancada del PVEM, que modifica esta ley y la que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, pide establecer la figura de alquiler social como política pública para ofrecer precios preferentes en la renta o el alquiler de viviendas a poblaciones vulnerables, particularmente a las juventudes.
Respecto de la iniciativa de la mandataria estatal, que reforma el Código Administrativo del Estado de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de la Comisión de Impacto Estatal y el Decreto 230, de enero de 2021, de la LX Legislatura mexiquense, se busca mejorar la regulación de los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial, dar certeza a los trámites en esta materia y precisar conceptos mediante el fortalecimiento de los marcos legales y regulatorios para su correcto funcionamiento
Lo anterior, con el objetivo de mejorar el desempeño institucional, incentivar capacidades administrativas y de gestión, y generar legitimidad y cohesión social en la materia.