- Durante el foro ‘Ley de Participación Ciudadana del Estado de México’, las diputadas Maricela Beltrán Sánchez (MC) y Sara Alicia Ramírez de la O (PT), académicos y ciudadanía, apuntaron la necesidad de construir una ley que represente a la pluralidad y tenga vocación democrática.
- Maricela Beltrán, quien organizó el encuentro, expuso que la participación ciudadana organizada e informada es uno de los contrapesos más sólidos y legítimos para defender la democracia ante fenómenos como la centralización del poder, la discrecionalidad administrativa y la opacidad en el ejercicio del gasto público.
- La parlamentaria Sara Ramírez (PT) consideró que se está recorriendo el camino correcto en esta materia, con personas legisladoras dispuestas a escuchar y a atender los reclamos de la sociedad.
Durante el foro ‘Ley de Participación Ciudadana del Estado de México’, las diputadas Maricela Beltrán Sánchez (MC) y Sara Alicia Ramírez de la O (PT), así como académicos y ciudadanía, coincidieron en la necesidad de construir una normatividad que represente la pluralidad social, tenga vocación municipal y democrática, y sea inclusiva, ante la falta de un marco jurídico en la materia en la entidad.
Al inaugurar el foro, la diputada Maricela Beltrán, quien organizó el encuentro, expuso que la participación ciudadana organizada e informada es uno de los contrapesos más sólidos y legítimos para defender la democracia ante fenómenos como la centralización del poder, la discrecionalidad administrativa y la opacidad en el ejercicio del gasto público. Además, se pronunció por una ley construida desde la academia, los pueblos originarios, las juventudes, las organizaciones vecinales y la experiencia electoral.
En presencia de la legisladora Sara Alicia Ramírez de la O (PT), así como de especialistas en el tema, la legisladora —quien preside la Comisión de Participación Ciudadana de la LXII Legislatura mexiquense— señaló que la población merece un marco jurídico a la altura de las demandas ciudadanas del siglo XXI, ya que, cuando la gente cuenta con herramientas reales para auditar a sus gobernantes, para incidir en las obras de su colonia y para vetar o proponer políticas públicas, el poder deja de operar a puerta cerrada.
En este sentido, explicó que el foro marca el inicio de una ruta de trabajo legislativo clara y transparente para escuchar a personas especialistas e interesadas, cuyas aportaciones serán recopiladas y sistematizadas por la comisión para incorporarlas a una iniciativa de ley que represente a la pluralidad.
Maricela Beltrán también propuso la instalación de un buzón en la sede del Congreso mexiquense, así como el uso de las redes sociales y mantener el diálogo para seguir enriqueciendo el debate parlamentario en la materia.
Al clausurar el foro, Sara Ramírez destacó que la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales de los gobiernos democráticos. Reconoció que, si bien aún falta mucho por hacer, se avanza por el camino correcto, con personas legisladoras dispuestas a escuchar y atender los reclamos de la sociedad, así como con un gobierno atento, sensible, humano y con profunda vocación democrática.
Como ponentes, Claudia Margarita Hernández Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y los académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) Edgar Carbajal Castelán, Leobardo Ruiz Alanís y Eduardo Rodríguez Manzanares coincidieron en que la ley debe tener vocación municipal y democrática, además de ser equitativa e inclusiva.
Asimismo, puntualizaron que debe ser vinculatoria, universal e intercultural, y distinguirse por un lenguaje claro y accesible para las personas, así como tener en cuenta la corresponsabilidad dado que la ciudadanía tiene derechos, pero también obligaciones.
Durante estos trabajos, las y los asistentes plantearon la necesidad de incorporar en la ley sanciones contra las personas servidoras públicas que incumplan las demandas de la población; incluir contenidos sobre participación ciudadana en las escuelas; formalizar y ampliar los comités municipales y delegacionales en la materia; capacitar a la población para fortalecer y ampliar su participación; difundir la importancia de contar con esta ley; facilitar la gestión de propuestas emanadas de la ciudadanía mediante los cabildos abiertos, y aprovechar las tecnologías actuales para promover y fortalecer la participación ciudadana.