- La diputada local llamó a los partidos políticos a garantizar candidaturas que representen auténticamente a los pueblos indígenas y afromexiquenses, con pleno respeto a sus derechos político-electorales.
TOLUCA, Estado de México.— Las acciones afirmativas en materia electoral no deben convertirse en un simple mecanismo para cumplir cuotas, sino garantizar que los pueblos indígenas y afromexiquenses tengan representantes legítimos y una participación efectiva en la toma de decisiones públicas, afirmó la diputada local Leticia Mejía García.
Durante el Encuentro de Derechos Político-Electorales de los Pueblos Indígenas y Afromexiquenses, realizado en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la legisladora llamó a los partidos políticos a asumir un compromiso real con las comunidades originarias y evitar que la inclusión se limite al cumplimiento formal de las disposiciones electorales.
“Que no se preocupen solamente por cubrir la cuota, que se preocupen porque realmente las personas que estén en esas representaciones sean de los pueblos”, enfatizó.
Mejía García sostuvo que el desafío consiste en lograr que los derechos reconocidos en las leyes se traduzcan en oportunidades concretas de participación política, representación y acceso a los espacios donde se toman decisiones que afectan la vida de estas comunidades.
Para ello, consideró indispensable que las personas indígenas conozcan a profundidad las acciones afirmativas y cuenten con las herramientas necesarias para exigir su cumplimiento tanto a los partidos políticos en los que militan como a las autoridades electorales.
La diputada destacó que la lucha por estos derechos debe superar las diferencias partidistas, pues se trata de una causa común que requiere voluntad política, organización social y compromiso institucional.
“En este momento no estamos hablando de colores, estamos hablando de una lucha que nos hermana”, expresó.
REPRESENTACIÓN AUTÉNTICA, MÁS ALLÁ DEL DISCURSO
La legisladora, quien se reconoció orgullosamente como diputada indígena, señaló que la presencia de representantes de los pueblos originarios en los espacios de poder también permite combatir los prejuicios que históricamente han limitado su participación en la vida pública.
Con más de 20 años de trayectoria en esta lucha, afirmó que los avances alcanzados son resultado de la exigencia y la movilización de las propias comunidades, aunque reconoció que todavía existen rezagos y pendientes por atender.
En ese sentido, planteó la necesidad de llevar la información y el debate sobre los derechos político-electorales directamente a los municipios y comunidades, para que las acciones afirmativas sean conocidas y defendidas por quienes deben beneficiarse de ellas.
También hizo un llamado a fortalecer la presencia de las instituciones en territorio, al advertir que las comunidades requieren acompañamiento efectivo y no solamente respuestas desde las oficinas gubernamentales.
LOS PARTIDOS TAMBIÉN DEBEN ASUMIR SU RESPONSABILIDAD
Mejía García reconoció la disposición del IEEM para impulsar espacios de diálogo y contribuir a que las disposiciones legales se conviertan en una realidad. Sin embargo, puntualizó que la autoridad electoral no puede asumir por sí sola esta tarea, pues los partidos políticos también deben garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afromexiquenses.
Asimismo, recordó que desde el Congreso mexiquense se han impulsado iniciativas para fortalecer el reconocimiento jurídico de estas comunidades y avanzar en la atención de sus demandas, aunque advirtió que las propuestas legislativas necesitan el respaldo de las distintas fuerzas políticas para materializarse.
Entre los pendientes, mencionó la necesidad de hacer realidad la creación de una Secretaría orientada a la atención de los pueblos indígenas.
La diputada convocó a mantener la lucha por una representación política auténtica y a evitar que las acciones afirmativas se conviertan en un trámite partidista.
El objetivo, subrayó, debe ser que las personas indígenas y afromexiquenses no solamente aparezcan en las candidaturas para cumplir un requisito, sino que cuenten con una representación legítima, capacidad de decisión y condiciones efectivas para defender los derechos y las demandas de sus comunidades.