
Efrén San Juan VI
La política mexiquense tiene una característica que se repite en distintos escenarios: cuando se disputa el poder, casi siempre aparece el dinero; y cuando aparece el dinero, la transparencia se convierte en una exigencia incómoda. Lo mismo ocurre en las organizaciones de pensionados que en los partidos políticos, y también en los gobiernos municipales.
Esta semana tres historias permiten observar distintas expresiones de un mismo fenómeno: la disputa por la representación en la UPPIAC, los golpes de las autoridades contra una presunta red dedicada al comercio ilegal de hidrocarburos vinculada familiarmente con un excandidato de Movimiento Ciudadano y la controversia por los gastos del Ayuntamiento de Toluca.
Son asuntos distintos, con protagonistas y consecuencias diferentes, pero tienen un denominador común: la necesidad de que el poder, los recursos y las responsabilidades estén sujetos a reglas claras y explicaciones públicas.
EL PODER NO SE COMPARTE, EL DINERO NO SE ACLARA Y LA TRANSPARENCIA NO SE NEGOCIA
Primero, la UPPIAC. Una organización que nació para defender los derechos de los pensionados del Estado de México terminó convertida en un territorio de disputa entre dos dirigentes que parecen haber olvidado a quiénes representan.
Desde 2021, Everardo López Pérez y Pablo Colín Téllez mantienen una confrontación por el control de la Unión de Pensionados y Pensionistas del ISSEMyM. Se desconocen mutuamente, reclaman la presidencia y han sido incapaces de construir una salida que devuelva legitimidad a la organización.
El intento de conciliación de finales de 2024, cuando acordaron distribuirse la presidencia y la secretaría general, terminó por romperse. Posteriormente, en diciembre de 2025, una asamblea extraordinaria eligió a Pablo Colín como dirigente, pero la disputa no desapareció. Por el contrario, ambos continúan reclamando la representación.
El problema no es solamente administrativo. La división tiene consecuencias institucionales: la UPPIAC no consigue ejercer con claridad la representación que le correspondería en el Consejo Directivo del ISSEMyM, donde está contemplada la participación de la agrupación mayoritaria de pensionados.
Pero detrás de las siglas, los cargos y los discursos aparece una pregunta mucho más incómoda: ¿qué pasó con el dinero?
Entre 2000 y 2022, el ISSEMyM habría entregado más de 100 millones de pesos a la organización mediante un esquema de donaciones para apoyar a pensionados con prótesis, lentes, aparatos auditivos y otros beneficios. Ahora, Everardo López reclama alrededor de 20 millones de pesos correspondientes al periodo 2023-2026, pese a que el Instituto modificó el mecanismo de entrega de apoyos para hacerlos llegar directamente a los beneficiarios. digitalmex.mx +1
Y aquí conviene detenerse. No se trata de dar por hecho que alguien se apropió indebidamente de recursos, porque eso tendría que demostrarse. Se trata de exigir que se conozca cuánto dinero se entregó, cómo se ejerció, quién lo administró y qué comprobación existe.
Este miércoles 18 de noviembre, Everardo López pretende llevar la inconformidad a las calles con una movilización en Toluca. Se prevé la participación de pensionados y plantones en distintos puntos de la capital. Pablo Colín, por su parte, se ha deslindado de la convocatoria.
La pregunta es si los pensionados saldrán a defender sus derechos o terminarán siendo utilizados como fuerza de presión en una disputa dirigencial.
Porque una cosa es defender el derecho a una representación legítima y otra muy distinta convertir una organización de jubilados en patrimonio político de quienes se disputan su control.
La modernización de la UPPIAC no puede consistir en cambiar nombres, repartir cargos o reclamar presupuestos. Debe comenzar por transparentar sus finanzas, acreditar su padrón, establecer reglas democráticas y demostrar que sus dirigentes trabajan para los pensionados, no al revés.
Y si existen cuentas pendientes, que se aclaren. Sin excepciones y sin importar quién tenga las siglas de su lado.
MOVIMIENTO CIUDADANO Y LA MANCHA QUE DEJA EL HUACHICOL
El segundo asunto tiene una dimensión todavía más delicada porque toca directamente la credibilidad de los partidos políticos y su responsabilidad al momento de postular candidatos.
La detención de Sandro Iván Hernández Rivas, conocido como Iván Rivas, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Jiquipilco, vuelve a colocar bajo el reflector a un partido que tendrá que responder políticamente por el perfil de quienes han representado sus siglas.
Las investigaciones federales apuntan a una presunta organización dedicada a la extracción, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos, encabezada supuestamente por Cirio Sergio «N», alias Don Checo, detenido en 2025.
De acuerdo con la información difundida sobre los operativos, la estructura habría mantenido actividades pese a la detención de su presunto líder.
El nombre de Iván Rivas aparece en las investigaciones como posible operador de la comercialización de combustible de procedencia ilícita. Los cateos realizados en Jiquipilco y Calimaya derivaron en aseguramientos de inmuebles, combustible y una estación de servicio relacionada con el Grupo Rivas. Quadratín Edomex +2
Pero la historia no terminó ahí.
El 15 de noviembre se informó de un segundo operativo federal en cinco municipios mexiquenses: Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan. Entre los detenidos se encuentra Jacobo «N», identificado en las investigaciones como hermano de Iván Rivas y señalado por su presunta participación en la estructura dedicada al manejo ilegal de gas LP.
En esta segunda intervención se reportaron 15 mil 750 litros de gas LP asegurados, además de vehículos de transporte, pipas, tractocamiones, armamento y equipo tecnológico. Quadratín Edomex +1
La relevancia del caso está en que las autoridades investigan una posible estructura familiar y empresarial con diferentes funciones: unos presuntamente dedicados al movimiento de gasolina y otros al manejo de gas LP.
No estamos hablando de una infracción menor ni de un simple problema de permisos comerciales. Si las investigaciones acreditan los señalamientos, estaríamos frente a una estructura con capacidad logística, financiera y territorial para operar en distintos municipios del Estado de México.
Y aquí aparece Movimiento Ciudadano.
Sandro Iván Hernández Rivas fue candidato a la presidencia municipal de Jiquipilco bajo las siglas naranjas. Su situación jurídica no convierte automáticamente al partido en responsable de los presuntos delitos que se investigan, ni permite extender acusaciones a toda su estructura política. Pero sí abre una discusión necesaria sobre los filtros, antecedentes, relaciones y responsabilidades políticas que deben existir antes de entregar una candidatura.
Los partidos no pueden limitarse a buscar personajes con estructura territorial, recursos o capacidad para competir electoralmente. También tienen la obligación política de revisar a quiénes convierten en representantes públicos.
La presunción de inocencia debe respetarse, pero la responsabilidad política tampoco puede esconderse detrás de ella.
Movimiento Ciudadano tendrá que explicar qué sabía de sus excandidatos, qué mecanismos de revisión aplicó y cuál es su posición frente a un caso que ya trascendió el ámbito municipal.
Porque cuando un partido presume renovación política, también debe demostrar que no está dispuesto a abrir sus puertas a cualquier personaje con tal de ganar una elección.
La justicia determinará responsabilidades penales. La ciudadanía, mientras tanto, tiene derecho a exigir responsabilidades políticas.
TOLUCA: LAS FACTURAS DE LAS FLORES NO CIERRAN LA DISCUSIÓN
El tercer episodio tiene como escenario la capital mexiquense y como protagonistas al alcalde Ricardo Moreno Bastida y a la regidora priista Shantall Zepeda Escobar.
Todo comenzó con los cuestionamientos sobre el costo de las flores de cempasúchil utilizadas para adornar Toluca durante la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026.
La regidora puso sobre la mesa una cifra que encendió la discusión: cuatro millones de pesos por 18 mil macetas, lo que representaría aproximadamente 222 pesos por unidad. La comparación con los precios comerciales de productores mexiquenses provocó cuestionamientos sobre un posible sobrecosto.
Ricardo Moreno respondió exhibiendo facturas y aseguró que su administración adquirió 25 mil plantas a un precio unitario de 30.72 pesos, con un importe aproximado de 768 mil pesos. Con ello buscó desmontar la acusación de que cada maceta había costado 222 pesos. Edoméx AHORA +1
En términos políticos, el alcalde consiguió colocar a la regidora en una posición incómoda, porque la documentación presentada modificó sustancialmente la discusión sobre el precio de las flores.
Sin embargo, aquí hay algo que no debe perderse de vista: presentar una factura no significa que todas las preguntas estén resueltas.
Shantall Zepeda respondió que sus cuestionamientos surgieron de las cifras expuestas por el propio gobierno municipal y reclamó que la documentación se hubiera presentado después de sus solicitudes de información. También insistió en conocer los contratos y el desglose completo del gasto. Meganoticias +1
Y tiene razón en algo fundamental: la obligación de transparentar los recursos públicos no desaparece porque un funcionario consiga responder una acusación particular.
Pero el asunto tampoco termina con el cempasúchil.
Hay otros señalamientos sobre el gasto municipal que merecen atención, particularmente los relacionados con el Sistema Municipal DIF de Toluca. Andrea Jardón cuestionó el manejo de aproximadamente 290 millones de pesos de presupuesto, de los cuales cerca de 190 millones estarían destinados a servicios personales. También puso sobre la mesa dudas sobre subsidios, nómina y deuda pública del organismo. Meganoticias
Aquí el tema adquiere otra dimensión.
El DIF no es una oficina cualquiera. Es una institución que tiene responsabilidades directas con niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones de vulnerabilidad. Por eso, cada peso que se destina a su funcionamiento debe tener una justificación clara.
Si existen dudas sobre el tamaño de la nómina, la aplicación de subsidios o la actualización de la información financiera, la respuesta no puede ser el silencio ni la descalificación de quienes preguntan.
Ricardo Moreno tiene una oportunidad para demostrar que su administración puede responder con documentos, cifras y explicaciones completas. Y la oposición tiene la obligación de fiscalizar con rigor, no de convertir cada diferencia política en una acusación sin sustento.
La transparencia no puede funcionar solamente cuando conviene al gobernante ni convertirse en bandera de ocasión para los adversarios.
El alcalde ya mostró facturas de las flores. Ahora falta que la discusión sobre el gasto municipal y, particularmente, el DIF tenga la misma claridad documental.
Porque en Toluca la controversia no se limita a cuánto costaron las flores que adornaron sus calles. La pregunta de fondo es cómo se están utilizando los recursos de los ciudadanos y cuáles son las prioridades de la administración.
TRES HISTORIAS, UNA MISMA EXIGENCIA
En una democracia, los cargos son temporales, los partidos son instrumentos y las organizaciones deben responder a sus agremiados. Lo único que no debería estar sujeto a negociación es el derecho de la sociedad a saber qué hacen sus representantes y qué destino tiene cada peso que se les confía.
Porque al final, en política, las facturas pendientes siempre terminan llegando. Algunas se pagan con dinero; otras, con credibilidad.
Y esas últimas suelen ser las más caras.