- El diputado Octavio Martínez, del Grupo Parlamentario de morena (GPmorena), planteó armonizar la legislación local con la nacional, a fin de garantizar el derecho a una vivienda digna.
- La iniciativa plantea la creación de un Sistema Estatal de Vivienda y un Programa Estatal de Vivienda para contribuir a lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Para avanzar hacia una política estatal de vivienda más justa, eficiente, equitativa y transparente, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) propuso la creación de un Sistema Estatal de Vivienda que integre, coordine, dé seguimiento y evalúe de manera transversal la política habitacional, articulando los esfuerzos de las dependencias estatales, los gobiernos municipales y los sectores social y productivo.
La iniciativa, que homologa la Ley de Vivienda del Estado de México con el marco jurídico nacional, plantea un Programa Estatal de Vivienda con diagnósticos, objetivos, metas, estrategias, acciones prioritarias, previsiones presupuestales y mecanismos de evaluación que respondan a las realidades regionales y sociales.
Este documento prevé mecanismos de mejora regulatoria, el impulso de la participación comunitaria y la implementación de instrumentos de planeación urbano-territorial para un desarrollo urbano ordenado, inclusivo y resiliente que garantice el ejercicio del derecho a una vivienda digna.
Además, incorpora la posibilidad de denuncia ciudadana por violaciones al derecho a la vivienda y por restricciones al acceso a la información pública en la materia, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
El legislador señaló que este proyecto fortalece la seguridad jurídica al dotar al marco estatal de mayor claridad normativa y coherencia con los instrumentos federales; y aumenta la eficacia institucional al establecer mecanismos de coordinación intergubernamental y de concertación con los sectores social y privado.
Asimismo, busca consolidar el enfoque de derechos humanos, el reconocimiento de derechos colectivos y principios de equidad, sostenibilidad y accesibilidad; facilitar el acceso a programas y financiamientos federales al garantizar compatibilidad legal en los procesos de planeación, ejecución y evaluación; y promover la producción y autoproducción social de vivienda mediante instrumentos que reconozcan y fortalezcan prácticas autogestivas, solidarias y comunitarias.
Subrayó que la reforma es estratégica y urgente, pues contribuye al cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), orientada a consolidar ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Además, alinea al Estado de México con los principios de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat, así como con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan Estatal de Desarrollo en materia de bienestar social y desarrollo territorial.