• La facultad constitucional de la Legislatura de designar a titulares de órganos internos de control no afecta su autonomía.
El Poder Legislativo designará al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TJAEM), cuya duración en el cargo será de cinco años con opción de que se le designe por un periodo inmediato posterior y quien deberá rendir un informe anual de actividades al Tribunal con copia al Congreso.
De manera unánime, la LX Legislatura mexiquense también avaló que al momento de su designación, el o la titular del TJAEM tenga 30 años cumplidos; cinco años de experiencia en el control, manejo o fiscalización de recursos, transparencia y acceso a la información pública y de responsabilidades administrativas, así como título profesional relacionado con esas actividades.
El dictamen, que conjunta las iniciativas presentadas por las diputadas Nancy Nápoles Pacheco, en nombre del grupo parlamentario de Morena, y Julieta Villalpando Riquelme, en nombre del grupo parlamentario del PES, destaca que la facultad constitucional de la Legislatura para designar a titulares de los órganos internos de control no afecta de ninguna forma su autonomía; por el contrario, elimina la identidad entre el ente controlado y el controlador, de acuerdo con lo sistemas nacional y estatal anticorrupción.
La diputada Nancy Nápoles dio lectura al dictamen, el cual establece también que quien detente el cargo debe abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, cargo, o comisión público o privado, federal o local, con excepción de puestos docentes, además de que debe gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año, entre otros.
Asimismo, el Órgano Interno de Control debe promover las acciones que coadyuven a mejorar la gestión de las unidades administrativas del Tribunal cuando, derivado de la atención de los asuntos de su competencia, así se determine; revisar el ingreso, egreso y manejo, custodia y aplicación de recursos públicos en su ámbito; realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, y presentar denuncias por los hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense o, en su caso, ante la instancia competente.