• Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres lamentablemente es una política sin resultados en Edomex: PT
• Acepta secretario de Seguridad sobrepoblación de 128% en los centros penitenciarios, en donde se hace una búsqueda e identificación de extorsionadores
Legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PAN, PT, PVEM, PRD, PES y sin partido reclamaron al secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, los índices delictivos en el Estado de México que lo ubican en los primeros lugares del país, y lamentaron la falta de resultados en el combate al feminicidio y al robo a transporte público, casa-habitación, transeúntes y negocios.
Durante la comparecencia con motivo de la glosa del tercer informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, las y los legisladores coincidieron en que el Ejecutivo tiene muchos pendientes en la materia y que la percepción de inseguridad entre la población va en aumento, por lo que es urgente un cambio en la estrategia.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la 60 Legislatura, la diputada Liliana Gollas Trejo (Morena), preguntó sobre las acciones para garantizar que disminuyan los delitos y el ambiente de violencia que se respira en la entidad; pidió puntualizar los avances de este año comparados con los de 2019, detallar el destino de los recursos aprobados por la Legislatura y cuál es el proyecto en materia de dignificación policial, fortalecimiento de la estrategia de seguridad y prevención.
La legisladora subrayó que en el Congreso se ha trabajado arduamente en materia de seguridad, transparencia, género y prevención del delito, así como en el fortalecimiento presupuestal para seguridad, con un total de 27 mil millones de pesos, de los cuales 17 mil millones fueron exclusivamente para seguridad pública, pero lamentó que estos esfuerzos no se vean reflejados en la disminución de las cifras de violencia, feminicidio y otros delitos.
Su compañero de bancada Emiliano Aguirre Cruz preguntó cuáles son las políticas a corto, mediano y largo plazo para frenar y revertir los índices delictivos y qué estrategias propone el secretario para romper el círculo vicioso de corrupción y violación de derechos humanos entre directivos, custodios y personas privadas de la libertad, así como los diversos operativos de retenes que se llevan a cabo por los cuerpos policiales.
Puntualizó que la falta de seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos, aunque también criticó la corrupción de la policía y la sobrepoblación en las cárceles de jurisdicción estatal, además de que solicitó un cambio en los relevos de mando.
En representación del grupo parlamentario del PRI, la diputada Lilia Urbina Salazar cuestionó por qué no hay respuesta de las autoridades durante los asaltos en el transporte público, si se supone que las unidades cuentan con botones de pánico conectados al centro de mando estatal.
De la bancada del PAN, el legislador Reneé Alfonso Rodríguez Yánez dirigió sus cuestionamientos a conocer las acciones específicas y contundentes del secretario para mejorar la seguridad y los resultados de la policía cibernética, además de que criticó la estrategia de la dependencia.
El coordinador parlamentario del PT, el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, reprochó que en tres años de gobierno de Alfredo del Mazo los resultados sean negativos, particularmente en el tema de los feminicidios, porque con 106 casos el Estado de México es la entidad con el mayor registro a nivel nacional en los primeros nueve meses de 2020, lo cual, afirmó, indica que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es una política sin resultados.
El líder de la bancada del PRD, Omar Ortega Álvarez, criticó que solo en septiembre de este año la entidad tuvo el primer lugar en incidencia delictiva en el país, con más de 29 mil 900 casos, e igualmente reprochó los índices de feminicidio y robo a transporte público; además, preguntó qué debe hacerse para que, con el número actual de policías, se tenga una eficaz y contundente protección a la población.
Del PVEM, la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón preguntó por las estrategias que se implementarán para brindar la seguridad que exige la ciudadanía y sobre los recursos destinados a combatir el robo a transporte público. También cuestionó los cambios en adscripciones de policías estatales, sobre los protocolos para evitar extorsiones en los operativos y filtros de tránsito y las acciones para evitar la extorsión a la ciudadanía a través de llamadas telefónicas desde centros penitenciarios.
La diputada María de Lourdes Garay Casillas (PES) puntualizó que las políticas públicas para combatir el robo al transporte público no han funcionado, lo cual ha generado que la ciudadanía tome justicia por su propia mano, además preguntó por qué, si se tienen identificadas 15 rutas con más inseguridad para los pasajeros, no se hace algo al respecto.
En representación de las y los diputados sin partido, el legislador Juan Carlos Soto Ibarra solicitó información sobre las labores de inteligencia y el combate al crimen organizado; señaló pendientes en la solución del robo en sus diversas modalidades y preguntó cómo se ha enfrentado ese delito y cuáles son los resultados en el combate al secuestro y la extorsión, así como sobre el avance de un centro de monitoreo y el número de cámaras recién instaladas en Valle de Chalco.
En su exposición, el secretario Rodrigo Martínez-Celis resaltó que la seguridad es uno de los principales compromisos de la administración estatal; destacó la desarticulación de 96 bandas criminales, el incremento de 15% del sueldo a personal policial, la evaluación acorde a su mando jerárquico para ascensos y los ajustes a los exámenes de control de confianza, así como la investigación de 428 expedientes por casos de corrupción.
Respondió que la entidad recibió, de fondos federales, 512.1 millones de pesos que se destinaron a 10 estrategias prioritarias; que los 28 elementos de la Policía Cibernética atendieron, de enero a agosto, 7 mil 868 incidentes; que hubo un redireccionamiento de la estrategia contra la delincuencia con base en los asuntos más sensibles para la ciudadanía y que hay 19 mil cámaras de videovigilancia para ayudar a la resolución de delitos.
Aceptó que hay una sobrepoblación de 128% en los centros penitenciarios, en donde se hace una búsqueda e identificación de extorsionadores, y se ofreció a ser más escrupulosos en el programa de preliberación.