Toluca, Estado de México.— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene observaciones por mil 64 millones de pesos correspondientes a recursos federales ejercidos durante el último año del gobierno de Alfredo del Mazo Maza, los cuales no han sido plenamente justificados ni recuperados, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública.
El órgano fiscalizador reportó que, aunque el monto original observado superaba los 2 mil 586 millones de pesos, una parte fue solventada durante el proceso de auditoría; sin embargo, el saldo pendiente continúa bajo revisión al no contar con la documentación comprobatoria suficiente que acredite su correcto destino.
Las observaciones derivan principalmente de inconsistencias en el manejo de recursos transferidos a distintas instancias, así como de la falta de evidencia sobre la aplicación del gasto en programas financiados con fondos federales. Entre los rubros señalados se encuentran transferencias a entes públicos sin respaldo documental sobre su ejercicio final.
De acuerdo con los informes de la ASF, los montos por aclarar se concentran en tres bloques principales: 921.7 millones de pesos, 95.9 millones de pesos y 46.8 millones de pesos, que en conjunto integran el total observado aún no solventado.
Uno de los casos más relevantes corresponde a la Comisión del Agua del Estado de México, donde la auditoría detectó un probable daño a la Hacienda Pública por 623 millones de pesos. La ASF identificó irregularidades en contratos suscritos para atender la problemática hídrica, en los que no se acreditó plenamente la ejecución de los recursos conforme a la normatividad aplicable.
La ASF precisó que estas observaciones forman parte del proceso ordinario de fiscalización, por lo que las instancias responsables aún pueden presentar información adicional para su solventación. No obstante, en caso de persistir las inconsistencias, el órgano auditor puede promover acciones resarcitorias y procedimientos administrativos para la recuperación de los recursos públicos.
El seguimiento de estas observaciones se mantiene en curso como parte de la revisión de la Cuenta Pública, en un contexto en el que la fiscalización del gasto federalizado se ha convertido en un indicador clave sobre la rendición de cuentas de las entidades federativas.
