Toluca, Estado de México; 15 de abril de 2026.— Tras más de 60 días de plantón sin respuesta, el conflicto entre el colectivo “Haz valer mi libertad” y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) escaló luego de que personal de la institución negara el acceso y evitara cualquier diálogo, incluso ante la presencia de legisladores locales.
Los diputados Octavio Martínez Vargas (Morena) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) acudieron a las instalaciones de la Fiscalía para respaldar a las familias que exigen la revisión de casos vinculados a presuntas irregularidades en procesos penales. Sin embargo, no fueron recibidos ni se designó a funcionario alguno para atender la demanda.
La negativa institucional ocurre pese a que las familias han solicitado durante más de dos meses la revisión de expedientes que, aseguran, presentan inconsistencias graves en la integración de carpetas de investigación.
Martínez Vargas, prosecretario de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, advirtió que esta falta de apertura representa una “omisión grave” que mantiene a decenas de personas sin acceso a mecanismos efectivos de justicia.
RUTA LEGAL Y REVISIÓN CASO POR CASO
El legislador planteó una ruta institucional que contempla canalizar los expedientes hacia la Defensoría Pública, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Legislativa de Amnistía, instancia que podrá emitir opiniones para que el Poder Judicial revise los casos.
Subrayó que la reciente reforma en materia de amnistía reconoce fallas estructurales del sistema judicial, incluidas posibles irregularidades en procesos penales, por lo que se buscará instalar mesas de trabajo con autoridades estatales, incluida la Secretaría de Seguridad.
Entre los puntos críticos, destacó la revisión de casos de personas trasladadas a penales federales, decisiones que —dijo— deberán ser justificadas y, en su caso, revertidas.
SEÑALAMIENTOS POR FABRICACIÓN DE DELITOS
Uno de los ejes centrales de la protesta es la presunta fabricación de delitos, práctica que, según el legislador, ha sido recurrente. En ese contexto, informó que existe ya una iniciativa para tipificar y sancionar esta conducta en el Código Penal estatal.
Además, mencionó casos recientes donde personas habrían sido detenidas y procesadas injustamente, incluyendo integrantes de grupos de autoayuda, lo que refuerza la exigencia de revisión exhaustiva.
“NO TENDRÍAN QUE ESTAR AQUÍ”: DIPUTADA
Por su parte, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón cuestionó la falta de sensibilidad institucional y respaldó a las familias.
“La gente no tiene por qué estar aquí haciendo plantones para ser escuchada”, expresó, al señalar que es inaceptable que permanezcan a la intemperie durante semanas sin respuesta.
Afirmó que desde el Congreso se dará seguimiento puntual a los casos.
MÁS DE MIL 200 SOLICITUDES Y POSIBLE JUICIO POLÍTICO
Martínez Vargas reveló que el Congreso mexiquense ha recibido más de mil 200 solicitudes relacionadas con posibles injusticias penales, lo que refleja la magnitud del problema.
Ante la falta de resultados y la negativa de atención por parte de la Fiscalía, no descartó impulsar acciones legales desde el Poder Legislativo, incluido un eventual juicio político contra el titular de la institución.
“El Fiscal ya no debe estar aquí”, sentenció.
EXIGEN RESPUESTA INMEDIATA
El legislador reiteró que el acompañamiento al colectivo continuará hasta que exista una respuesta formal por parte de la Fiscalía, al tiempo que exigió la apertura inmediata de un canal de diálogo.
Mientras tanto, las familias mantienen el plantón frente a la FGJEM, en espera de justicia y de ser finalmente escuchadas por una institución que, acusan, ha permanecido cerrada.