- El diputado Samuel Ríos (morena) propuso excluir a los servicios personales de las y los servidores públicos de seguridad y salud del límite de crecimiento anual en el gasto de servicios personales.
- La iniciativa plantea flexibilizar el tope del gasto impuesto a nivel federal para fortalecer la contratación y operación en áreas esenciales sin afectar la disciplina financiera de los estados.
Al mencionar que actualmente existe un candado federal que prohíbe que el gasto en salarios y nuevas plazas en el servicio público crezca más del tres por ciento anual, el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno (morena) planteó excluir de ese límite las erogaciones destinadas a los servicios personales de las y los servidores públicos de seguridad pública y salud.
En sesión deliberante del Congreso mexiquense, el parlamentario expuso que el límite del tres por ciento fue diseñado bajo una lógica neoliberal que veía el sector público como carga y no como inversión y argumentó que esa regla prefería ‘números negros en papel’ aunque significaran ‘números rojos en salud y seguridad’ para las personas.
Por ello, explicó que su propuesta para modificar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios busca que los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en materia de seguridad pública y protección de la salud —incluyendo policías estatales y municipales, personal médico, de enfermería, paramédico y afines—, queden excluidos de dicho límite, manteniendo su identificación y reporte diferenciado en el presupuesto de egresos y en la cuenta pública.
Se mantiene como excepción al referido tope el monto erogado por concepto de sentencias laborales definitivas emitidas por autoridad competente; es decir, aquellas obligaciones de pago derivadas de resoluciones firmes —no susceptibles de impugnación—, tales como indemnizaciones, salarios caídos u otras prestaciones determinadas por los órganos jurisdiccionales.
Fuera de ese límite quedarán los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas.
La iniciativa añade que dichas excepciones no comprenderán al personal estrictamente administrativo que no participe de manera directa en las funciones sustantivas de seguridad pública o de prestación de servicios de salud.
En los artículos transitorios se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Consejo Nacional de Armonización Contable, realizará las adecuaciones necesarias a los clasificadores y lineamientos aplicables, a fin de que las entidades federativas y los municipios puedan identificar y reportar de manera diferenciada los servicios personales del personal operativo de seguridad pública y de salud, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
De acuerdo con el documento, esta modificación permitiría fortalecer la capacidad operativa en territorios donde la presencia del Estado es indispensable, sin que ello represente un crecimiento descontrolado de las nóminas administrativas.
La iniciativa, dirigida al Congreso de la Unión, retoma diagnósticos oficiales que evidencian la necesidad de ampliar el personal en estas áreas y menciona que, al cierre de 2024, en el país había en promedio 1.0 policías estatales por cada mil habitantes, cifra inferior a los estándares recomendados internacionalmente, mientras que en el ámbito municipal la cobertura también resulta insuficiente, especialmente en entidades con alta densidad poblacional como el Estado de México.
En materia de salud, Samuel Ríos destacó el proceso histórico de federalización a través del modelo del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar. Enfatizó que los hospitales requieren no solo infraestructura, sino también personal médico, de enfermería y técnico. Asimismo, cuestionó cómo puede explicarse a un municipio en crecimiento que no pueda contratar los cinco médicos que necesita debido al límite del tres por ciento, al considerarlo un criterio ilógico e injusto.
“Al liberar estos recursos, le estamos dando herramientas a la gobernadora (Delfina Gómez Álvarez) y a las y los 125 presidentes municipales”, concluyó el diputado.