- Las presidencias municipales y la Fiscalía mexiquense figuran entre las autoridades con más inconformidades; el organismo investiga denuncias por presuntas cuotas y amenazas contra familiares de personas privadas de la libertad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha recibido alrededor de cuatro mil quejas contra autoridades de la entidad, principalmente contra presidencias municipales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó su titular, Víctor Leopoldo Delgado Pérez.
El funcionario destacó que el organismo mantiene una labor permanente de atención e investigación ante posibles vulneraciones de los derechos humanos.
Explicó que las inconformidades abarcan desde presuntas deficiencias en la atención que brindan los servidores públicos hasta posibles omisiones, afectaciones a la libertad y probables irregularidades en la integración de carpetas de investigación.
Señaló que cada caso debe analizarse conforme a las atribuciones de la Comisión, con el propósito de documentar los hechos y determinar si existen elementos que permitan acreditar violaciones a los derechos humanos.
SUMAN 700 QUEJAS RELACIONADAS CON CENTROS PENITENCIARIOS
En el ámbito penitenciario, Delgado Pérez informó que la CODHEM registra aproximadamente 700 quejas e inconformidades relacionadas con diversas problemáticas en los centros preventivos y de reinserción social del Estado de México.
Para atender estos casos, el organismo cuenta con una Visitaduría especializada en el sistema penitenciario, que realiza visitas a los centros, establece comunicación con las autoridades responsables, recaba testimonios de las personas privadas de la libertad y solicita medidas precautorias cuando la naturaleza de los hechos lo amerita.
El titular de la Comisión indicó que los centros con mayor número de inconformidades son aquellos que concentran una población penitenciaria más numerosa, entre ellos los de Santiago y Chiconautla, donde las condiciones de sobrepoblación pueden agravar diversas problemáticas.
INVESTIGAN PRESUNTAS CUOTAS A FAMILIARES DE PERSONAS INTERNAS
Uno de los asuntos que actualmente atiende la CODHEM está relacionado con señalamientos sobre el presunto cobro de cuotas a familiares de personas privadas de la libertad en el penal de Santiago.
Delgado Pérez confirmó que el organismo inició una queja de oficio a partir de una publicación y que la investigación continúa en curso para esclarecer los hechos.
Como parte de las diligencias, la Comisión solicitó informes a las autoridades penitenciarias y realiza visitas para recabar testimonios directamente de las personas internas, con el objetivo de documentar las presuntas irregularidades denunciadas.
Asimismo, explicó que se brinda acompañamiento a familiares que han manifestado preocupación por posibles amenazas o señalamientos en su contra.
El funcionario enfatizó que la información debe manejarse con especial cuidado para proteger la identidad y la seguridad de quienes pudieran aportar testimonios, a fin de evitar que su participación en la investigación los exponga a nuevas intimidaciones.
Aclaró que la queja de oficio relacionada específicamente con las presuntas cuotas en el penal de Santiago se encuentra en trámite y es distinta de las aproximadamente 700 quejas e inconformidades registradas por diversos motivos en el conjunto del sistema penitenciario estatal.
AMPLIAR LOS ESPACIOS NO BASTA PARA RESOLVER EL HACINAMIENTO
Ante la posibilidad de construir un nuevo centro preventivo y de reinserción social, el titular de la CODHEM consideró que incrementar la capacidad penitenciaria podría contribuir a disminuir la saturación y reducir los riesgos de vulneraciones a los derechos humanos asociados con el hacinamiento.
No obstante, advirtió que la construcción de nuevas instalaciones no representa una solución definitiva si no se acompaña de políticas públicas orientadas a atender las causas de la sobrepoblación.
Señaló que los nuevos espacios pueden volver a saturarse, por lo que resulta indispensable fortalecer las estrategias de reinserción social y garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad.
Finalmente, sostuvo que la atención de las quejas, la supervisión de los centros penitenciarios y la implementación de medidas estructurales deben avanzar de manera conjunta para prevenir abusos y garantizar el respeto a los derechos humanos en el Estado de México.