- Diputados panistas acusan al alcalde de ordenar un operativo desproporcionado contra una actividad cultural infantil; denuncian golpes, intimidación y detenciones. Anuncian seis denuncias ante instancias estatales y advierten que llevarán el caso hasta sus últimas consecuencias.
CUAUTITLÁN IZCALLI, Estado de México.— Lo que debía ser una jornada cultural para niñas, niños y sus familias terminó en una confrontación con la fuerza pública. Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron la destitución del presidente municipal, Daniel Serrano, a quien acusaron de presunto abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza e intimidación política, tras el operativo policiaco desplegado durante una actividad organizada por la legisladora Johanna Alejandra Felipe Torres en el fraccionamiento San Antonio.
En conferencia de prensa, la diputada calificó como desproporcionada la intervención de las autoridades municipales, al señalar que se movilizaron más de 150 elementos policiacos, integrantes del grupo táctico, efectivos de la Guardia Nacional y alrededor de 35 patrullas para impedir el desarrollo de una obra de teatro infantil.
Felipe Torres explicó que se trataba de la jornada cultural número 12 que organizaba en el municipio y que, para esta ocasión, contaba con el respaldo de más de 300 firmas de habitantes, mediante una solicitud fechada el 26 de octubre de 2026.
La legisladora cuestionó que, mientras el municipio enfrenta una problemática de inseguridad, las autoridades destinaran semejante despliegue de fuerza a una actividad familiar.
Como contraste, recordó que durante el puente de las celebraciones de Día de Muertos se registraron siete homicidios en diferentes puntos de Cuautitlán Izcalli, entre ellos Infonavit Norte y la colonia Ferrocarrilera.
De acuerdo con su testimonio, los organizadores notificaron previamente al Ayuntamiento sobre la realización de las actividades, pero no recibieron respuesta. Posteriormente, el alcalde habría argumentado que no existía autorización para llevar a cabo el evento.
La diputada denunció que durante el operativo fueron retiradas sillas y mobiliario, además de que asistentes habrían sufrido empujones, golpes y sometimientos. Incluso, aseguró que integrantes de su equipo fueron trasladados al juzgado cívico antes de que comenzara la actividad.
Aunque finalmente el evento se realizó sin utilizar el templete, debido a los argumentos municipales relacionados con Protección Civil, las condiciones para desarrollar normalmente la jornada fueron obstaculizadas.
Por su parte, el diputado Anuar Azar Figueroa calificó lo sucedido como un acto de intimidación política contra una representante popular de oposición y contra las familias que acudieron a disfrutar de una actividad cultural.
Los legisladores consideraron que estos hechos contradicen el llamado de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a mantener coordinación, diálogo y respeto entre los distintos órdenes de gobierno y las fuerzas políticas.
También advirtieron que este episodio representa una señal de alerta para el clima político del Estado de México, particularmente ante las aspiraciones de reelección que atribuyeron al presidente municipal.
SEIS DENUNCIAS Y EXIGENCIA DE DESTITUCIÓN
Los diputados panistas informaron que ya fueron presentadas seis denuncias ante distintas instancias, entre ellas la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Las acciones legales involucran al alcalde Daniel Serrano, a la comisaria general de Seguridad Pública y a servidores públicos de las áreas de Desarrollo Económico y Servicios Públicos.
Adicionalmente, anunciaron que acudirán a la Contraloría del Poder Legislativo y a otras instancias, conforme avance la valoración jurídica de los hechos.
La bancada del PAN fue más allá y exigió la destitución del presidente municipal, así como una investigación sobre la actuación de todos los funcionarios y elementos de seguridad que participaron en el operativo.
Finalmente, hizo un llamado al secretario general de Gobierno del Estado de México para que intervenga y evite que la confrontación escale.
Los legisladores aseguraron que no darán marcha atrás y que llevarán el caso hasta sus últimas consecuencias por las vías política y legal.
El caso abre un nuevo frente de confrontación política en Cuautitlán Izcalli y coloca bajo cuestionamiento el uso de la fuerza pública municipal frente a actividades ciudadanas, particularmente cuando involucran a niñas, niños y sus familias.