° La iniciativa busca transparentar los arrendamientos de inmuebles, evitar avalúos simulados y proteger el uso responsable del presupuesto público
Toluca, Estado de México 6 de julio.- Con el objetivo de cerrar espacios a la discrecionalidad, cuidar el dinero público y garantizar mejores condiciones en los inmuebles utilizados por instituciones estatales y municipales, el diputado de morena, Octavio Martínez Vargas, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México.
La propuesta plantea ordenar los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a oficinas públicas, a fin de que el Estado no continúe pagando rentas excesivas, sustentadas en avalúos poco claros, simulados o elaborados sin criterios técnicos. De acuerdo con la iniciativa, el gasto en arrendamientos se ha convertido en una carga creciente para las finanzas públicas, lo que reduce recursos que podrían destinarse a infraestructura, programas sociales, seguridad, salud y servicios para la ciudadanía.
El legislador señaló que esta reforma no busca intervenir en el mercado inmobiliario privado, sino establecer reglas claras para que los gobiernos estatal y municipales contraten bajo principios de austeridad, transparencia, eficiencia y responsabilidad presupuestal.
Entre los puntos centrales, la iniciativa propone que en los procesos de arrendamiento se consideren no sólo el precio, sino también criterios de eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad, mantenimiento, seguridad estructural y condiciones que generen ahorros al gasto público.
Asimismo, plantea que cuando una propuesta se sustente en avalúos simulados o emitidos sin apego a criterios técnicos, pueda ser desechada y se dé vista a la instancia correspondiente para aplicar las sanciones administrativas necesarias.
La reforma también busca impedir que personas físicas o empresas que incurran en sobreprecio, simulación de avalúos o incumplimiento de condiciones de seguridad y mantenimiento puedan contratar con el sector público.
Con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario de morena reafirma su compromiso con una administración pública austera, transparente y al servicio de la gente, donde cada peso del presupuesto tenga un destino útil, verificable y en beneficio del interés general.