- El diputado Octavio Martínez (morena) planteó que, al alquilar inmuebles, el gobierno estatal y los municipales vigilen que las propuestas consideren precio, eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y condiciones que generen ahorros en el gasto público.
- La propuesta busca que, cuando los comités de adquisiciones de las dependencias y municipalidades adviertan que el precio ofertado se sustenta en avalúos simulados o emitidos sin apego a los criterios técnicos aplicables, la convocante deseche la propuesta.
- Octavio Martínez pidió al Gobierno de México investigar actuación de la FGJEM.
Con el propósito de reordenar, transparentar y equilibrar las condiciones en que el gobierno estatal y los municipales rentan inmuebles para el ejercicio de sus funciones, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) planteó que, en los procedimientos de arrendamiento, las propuestas podrán considerar, además del precio, criterios de eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y condiciones que generen ahorros en el gasto público.
El proyecto legislativo, presentado ante la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, expone que los gobiernos estatal y municipales —que actualmente rentan más de 600 inmuebles para contar con la infraestructura administrativa necesaria para su operación— se ven obligados a contratar espacios con costos superiores a la inflación, lo que genera presiones sobre el gasto corriente y reduce la capacidad de inversión en infraestructura, programas sociales y servicios públicos.
Para atender esta problemática, el congresista propone reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a fin de establecer que, cuando los comités de adquisiciones de las dependencias y municipalidades detecten que el precio ofertado se sustenta en avalúos simulados o elaborados sin apego a los criterios técnicos aplicables, la convocante deberá desechar la propuesta y dar vista a la instancia correspondiente para que determine las responsabilidades administrativas o sanciones que procedan.
Además, que la Oficialía Mayor, las dependencias, las entidades, los órganos autónomos constitucionales, los tribunales administrativos, los ayuntamientos y los organismos auxiliares, se abstengan de recibir propuestas o de celebrar contratos con las personas físicas o jurídicas colectivas que, en procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados al uso de oficinas públicas, incurran en prácticas de sobreprecio, simulación de avalúos o incumplimiento de las condiciones de mantenimiento y seguridad del inmueble.
Con la propuesta, se facultaría a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México a establecer, aparte de las políticas y normas técnicas y administrativas en la materia, los lineamientos necesarios para el cumplimiento de la ley referida.
Al exponer la propuesta, Martínez Vargas aseveró que al contratar alquileres hay sobre precios, muy seguramente en colusión con administradores del pasado que suscribieron contratos más allá de su periodo cuando la ley establece que ninguna autoridad puede suscribir un convenio más allá de su gestión.
Afirmó que en Toluca existen costos de arrendamiento de inmuebles que, por la misma superficie, serían superiores a los registrados en ciudades como París, Miami o Nueva York.
Pide Octavio Martínez investigar actuación de la FGJEM
El diputado Octavio Martínez Vargas (morena) hizo un llamado al Gobierno de la República a efecto de que se investigue al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), dadas las detenciones de funcionarios relacionados con administraciones públicas estatal y municipales, pues aseguró que dichos hechos debieron ser detectados mediante las investigaciones de ese organismo.
Durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso mexiquense, el legislador se refirió a las detenciones realizadas por autoridades federales de Lino ‘N’, ocurrida el 2 de julio de 2026, señalado por su probable participación en delitos de secuestro y delincuencia organizada, quien se desempeñaba como coordinador general de Gobierno de la región sur-sureste del Estado de México; así como de Santos ‘N’, detenido el 3 de julio de 2026 por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y quien fue alcalde de Otzolotepec en tres ocasiones.
Al respecto, Martínez Vargas planteó interrogantes sobre quién contrató y propuso al exfuncionario estatal para ocupar uno de los cargos más relevantes en materia de gobernabilidad del Estado. Cuestionó por qué la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que realizar las investigaciones que, a su juicio, no llevó a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
De igual forma, solicitó que se investiguen los casos de alcaldes, alcaldesas, exalcaldes y exalcaldesas mexiquenses presuntamente relacionados con diversos ilícitos.
En particular, se refirió al caso del municipio de Ecatepec durante la administración del entonces alcalde y actual diputado federal Luis Fernando Vilchis Contreras, y señaló que continúa a la espera de resultados por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre las investigaciones derivadas de la denuncia que presentó por presuntas irregularidades financieras.
Finalmente, llamó a las y los integrantes de la LXII Legislatura mexiquense a fortalecer su labor legislativa para contribuir al Estado de derecho, el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado de México y el combate a la corrupción.