- Óscar Flores Jiménez reconoce que rescindir o modificar anticipadamente los contratos es inviable en las condiciones actuales; el gobierno negocia con las empresas para proteger el interés público.
Toluca, Estado de México.— Cancelar o modificar anticipadamente los contratos de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y de las Asociaciones Público-Privadas (APP) representa un desafío jurídico y financiero para el Gobierno del Estado de México, debido a las cláusulas contractuales que, según el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, colocan a la entidad en una posición desfavorable.
Durante su participación ante legisladores, el funcionario reconoció que los contratos contienen disposiciones que calificó como “claras desventajas” para el estado e incluso como “cláusulas exorbitantes”, lo que hace inviable, bajo las condiciones actuales, recurrir a una rescisión contractual o a la terminación anticipada de estos acuerdos.
Ante este escenario, explicó que la Consejería Jurídica encabeza los trabajos para encontrar alternativas que permitan avanzar en la revisión de los contratos, mientras se establecen acercamientos con las empresas involucradas para negociar condiciones que no comprometan el interés público.
CONTRATOS QUE LIMITAN LAS OPCIONES DEL GOBIERNO
El principal obstáculo, de acuerdo con Flores Jiménez, radica en las condiciones pactadas originalmente en los contratos, que dificultan una salida anticipada para la administración estatal.
Por ello, en lugar de anunciar una cancelación inmediata, el gobierno mexiquense busca construir acuerdos con las compañías prestadoras de servicios que permitan encontrar una solución jurídicamente viable y financieramente conveniente para la entidad.
El secretario sostuvo que esta estrategia se desarrolla bajo la conducción de la Consejería Jurídica, con el objetivo de dar celeridad al proceso y obtener resultados favorables para el Estado de México.
SALDO POR AMORTIZAR DE 5 MIL 800 MILLONES DE PESOS
En materia financiera, el funcionario reportó que, al 30 de junio, el saldo de inversión pendiente de amortizar de estos proyectos se ubicaba en cerca de 5 mil 800 millones de pesos.
Asimismo, señaló que el presupuesto anual destinado a estos compromisos ronda los 6 mil millones de pesos, cantidad que contempla tanto la amortización de las inversiones como el pago de los servicios correspondientes.
De acuerdo con lo expuesto, se prevé que los contratos concluyan de manera escalonada y que, al término de su vigencia, los activos correspondientes reviertan al patrimonio estatal.
NO HABRÁ NUEVOS PROYECTOS BAJO ESTE ESQUEMA
Flores Jiménez afirmó que, por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la administración estatal no contempla contratar nuevos proyectos mediante los esquemas PPS y APP.
“Por ningún motivo vamos a permitir contratar nuevos proyectos con estos esquemas”, enfatizó el secretario, al fijar la postura del gobierno mexiquense frente a este modelo de contratación.
El funcionario expresó su expectativa de que las negociaciones en curso permitan alcanzar resultados positivos y reiteró que el propósito es evitar afectaciones al interés público.
Por ahora, el reto para la administración estatal consiste en encontrar una salida que concilie las obligaciones contractuales vigentes con la necesidad de proteger las finanzas públicas, sin recurrir a mecanismos de terminación anticipada que, según el propio secretario, resultan inviables bajo las condiciones actuales.