- El diputado llamó a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación de oficio y actuar sobre los bienes y cuentas relacionados con las empresas proveedoras involucradas en los hechos investigados
- Sostuvo que la situación del INE y de los organismos electorales locales obliga a profundizar el combate a la corrupción
- Hay que cortar el abuso de raíz, eliminar los privilegios, quitar el fuero y protecciones a políticos y gobernantes
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) deben llegar hasta sus últimas consecuencias y permitir el deslinde de todas las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
Durante la comparecencia del Maestro Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, ante la Cámara de Diputados, el legislador fue enfático: “Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel”, y señaló que su renuncia a la Presidencia del organismo electoral no debe significar el cierre de las investigaciones ni impedir que se determinen posibles responsabilidades.
La comparecencia ocurre después de que Taddei formalizara su renuncia ante la Cámara de Diputados el pasado 26 de octubre y en el contexto de diversas investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones realizadas en el organismo electoral.
Ramírez Cuéllar afirmó que la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y actuar de manera inmediata para determinar la existencia de posibles conductas delictivas. Asimismo, planteó que, en el marco de las investigaciones y con las determinaciones de las autoridades competentes, se aseguren los bienes y las cuentas relacionados con grupos y empresas proveedoras de materiales e insumos electorales que pudieran estar involucradas.
“El país necesita abrir un maxiproceso”, sostuvo el diputado, al señalar que las investigaciones no deben limitarse a personas o acontecimientos recientes, sino revisar la forma en que se construyeron durante años las relaciones entre autoridades electorales, proveedores y contratistas. Por ello, consideró necesario que anteriores responsables de los órganos de fiscalización e interno de control aporten información que permita esclarecer completamente los hechos.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena subrayó la necesidad de actuar con rigor, prontitud y contundencia, particularmente ante la cercanía de las elecciones de 2027, para las cuales restan 219 días. Consideró que la información presentada por el Órgano Interno de Control del INE durante la comparecencia, así como los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ofrecen elementos suficientes para profundizar las investigaciones y obligan a la Cámara de Diputados a intensificar las acciones contra la corrupción y la impunidad.
“Tenemos que actuar con contundencia y profundidad. Los indicios que se han presentado obligan a investigar hasta el final, esclarecer las irregularidades y determinar las responsabilidades administrativas y penales de todas las personas involucradas, sin excepciones ni privilegios”, señaló.
Ramírez Cuéllar vinculó además los acontecimientos recientes con la necesidad de revisar el marco constitucional de responsabilidades de las personas servidoras públicas, terminar con la vergüenza que representa el fuero y con la inoperatividad del juicio político. “Hay que arrancar el problema de raíz”, afirmó.
“Lo que hoy ocurre en el INE y las condiciones de funcionamiento de los organismos públicos locales electorales deben llevarnos a revisar de fondo el régimen de responsabilidades de las autoridades públicas, incluidos los gobernadores. Debemos eliminar la inmunidad procesal penal que protege a determinados servidores públicos y fortalecer el juicio político, para evitar que interpretaciones jurisdiccionales o mecanismos procesales obstaculicen injustificadamente la sustanciación de estos procedimientos y la ejecución de las sanciones de destitución e inhabilitación correspondientes”, sostuvo.
El legislador afirmó que ninguna responsabilidad pública debe convertirse en un mecanismo de protección frente a investigaciones administrativas o penales y señaló que el combate a la corrupción requiere instituciones capaces de investigar, sancionar y hacer efectivas sus resoluciones.
Asimismo, propuso ampliar la investigación sobre las contrataciones del organismo electoral y convocar a comparecer a las autoridades competentes en materia de competencia económica y al Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de determinar si existieron acuerdos indebidos entre proveedores, operaciones simuladas, facturación irregular u otras conductas que deban ser investigadas por las autoridades correspondientes.
Finalmente, Ramírez Cuéllar subrayó que el esclarecimiento de estos hechos debe contribuir al fortalecimiento institucional del INE y de los organismos públicos locales electorales, particularmente de cara al proceso electoral de 2027.
“Necesitamos un Instituto Nacional Electoral fuerte, independiente y transparente. Defender al INE también significa investigar a fondo cualquier irregularidad, terminar con la impunidad y garantizar que los recursos públicos destinados a la organización de las elecciones se ejerzan con absoluta legalidad y transparencia”, concluyó.