- El diputado Octavio Martínez Vargas pidió al titular del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México explicar por qué se pretende triplicar el gasto mensual por arrendamiento de sus instalaciones.
Toluca, Estado de México.– El cambio de sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) abrió un nuevo cuestionamiento sobre el manejo de los recursos públicos, luego de que el diputado Octavio Martínez Vargas denunciara un posible incremento injustificado en el costo del arrendamiento.
Durante una entrevista, el legislador señaló que actualmente el organismo paga menos de 200 mil pesos mensuales por sus instalaciones; sin embargo, aseguró que pretende trasladarse a un inmueble cuyo arrendamiento alcanzaría los 600 mil pesos mensuales.
Martínez Vargas consideró necesario que el titular del tribunal explique públicamente las razones administrativas y financieras que justifican esta decisión, particularmente cuando representaría un incremento considerable en el gasto institucional.
El diputado cuestionó qué criterios se utilizaron para determinar el nuevo costo y si existe algún estudio que demuestre que el cambio de instalaciones representa un beneficio para el organismo.
Incluso, calificó como sospechosa la operación y sostuvo que podría existir corrupción, aunque sus señalamientos deberán ser esclarecidos mediante la documentación correspondiente y las investigaciones de las autoridades competentes.
El legislador también cuestionó la actuación de quienes tienen la responsabilidad de vigilar la disciplina y las posibles faltas administrativas de los servidores públicos, al considerar que las instituciones encargadas de combatir la corrupción deben conducirse con transparencia.
Asimismo, señaló que este tipo de situaciones no serían exclusivas del TRIJAEM, pues afirmó que en otras dependencias públicas también se han registrado incrementos importantes en los costos de arrendamiento.
Por ello, insistió en la necesidad de establecer mecanismos de supervisión, transparencia y control sobre los contratos mediante los cuales las instituciones gubernamentales rentan inmuebles.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa la discusión acerca del uso eficiente del presupuesto público y la obligación de justificar cualquier incremento en los gastos de operación de los organismos autónomos y tribunales del Estado de México.