COMBATE A LA CORRUPCIÓN A FONDO, DICE MORENA


Con la finalidad de combatir la corrupción en la entidad, el diputado Tanech Sánchez Ángeles, integrante del Grupo Parlamentario de morena, propuso armonizar la Ley General de Responsabilidades con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México.

El legislador expuso que de acuerdo con su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2019, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 15,732 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, en esta misma línea, se obtuvo que el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2019 fue el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2%, seguido de los trámites relacionados con la propiedad en un 25%.

Resaltó que en abril y noviembre de 2019, a nivel Federal se realizaron una serie de reformas a la Ley General de Responsabilidades, cuyo fin consideraba la adición de supuestos a las Faltas Administrativas de carácter grave, con el objeto de describir de manera detallada aquellas conductas que, por acción u omisión de manera dolosa, pudieran constituir violaciones a la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, expresó que, en abril del mismo año, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incidieron en la adición a la Ley General en comento, que permite encuadrar en abuso de funciones, aquellas conductas que expresen violencia política contra la mujer.

Advirtió que, derivado de lo anterior es que surge la necesidad de adecuar dichas disposiciones contempladas a nivel Federal, en la Legislación aplicable a la materia de carácter local, pues hasta ahora, dichas reformas no han sido adicionadas.

Sánchez Ángeles afirmó que por ello que se genera la necesidad de armonizar los supuestos jurídicos derivados del orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos; este proceso tiene como fin desaparecer las barreras que pudieran existir entre dichos sistemas jurídicos e incorporar los nuevos criterios que se vuelven necesarios.

Explicó que es un proceso que se da a distintos niveles, en diferentes campos del derecho y regidos por distintas pautas y principios. La última fase sería la adopción de normas comunes, sobre la base de proyectos de unificación.

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