Nicolás Romero, Estado de México.- Víctor Díaz durante su vida se ha desempeñado como vendedor de donas, de pollo fresco, de chicharrones, de plátanos y papas fritas, lavador de carros, empleado de pequeños negocios y últimamente, al ser padre de cuatro jóvenes, como comerciante, se le puede ver diariamente con su carrito de tamales en la plaza municipal, el mercado y escuelas de Nicolás Romero; es una de las 33.2 millones de personas, que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) hasta el segundo trimestre de 2023, que trabajan en la informalidad.
Desde niño apoyó a su padres en la economía familiar, la falta de estudios, los bajos salarios y la carente oferta de trabajo debido a un insuficiente crecimiento de la actividad económica al registrar en los últimos 20 años, de acuerdo al Banco de México, un promedio anual tan solo del 2.6 %, lo han obligado a ocuparse en múltiples trabajos como el de lavador de carros frente al ex auto cinema de Satélite, ocupación que realizaba los fines de semana y en el que ganaba para comprar lo indispensable y no morir de hambre junto a su esposa y sus pequeños hijos.
Durante esa época no tenía recursos para comprarles ropa a sus hijos y recuerda que, al vivir en un cuarto techado de lámina, sin drenaje ni agua potable, sufrió múltiples carencias, al grado que un suéter multicolor como el arcoíris protegió y arropó en contra del frío, en diferentes etapas de crecimiento, a cada uno de sus hijos, quienes jugaban en la tierra.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) define a la informalidad como “el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado no protegido, así como las y los trabajadores subordinados quienes, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen sin seguridad social”.
En México de las 60.2 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) en el país, 58.2 millones se encuentran ocupadas, 1.7 millones desocupadas lo que representa el 2.8 % del PEA y el 55.2 % se encuentran en la informalidad, un factor que indica que una de cada dos personas no tiene un trabajo formal que garantice su seguridad social, el acceso al sistema de salud, los derechos de aguinaldo, utilidades, vacaciones y jubilación entre otras prestaciones laborales.
Además de que se enfrentan, al trabajar en empresas constituidas, pero sin derechos laborales; al autoemplearse; al laborar en el campo o como afanadores domésticos, a bajos salarios, lo que repercute en su calidad de vida y amplifica sus condiciones de pobreza, pero que al mismo tiempo representa una de las contradicciones del sistema económico al generar la economía informal en el año 2021 el 23.7 % del Producto Interno Bruto (PIB)
Mientras que, en el segundo trimestre de 2023 el porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza laboral aumentó respecto al trimestre anterior, al pasar de 37.7% a 37.8%, por lo que 48.9 millones de mexicanos al no contar con salarios bien remunerados no pueden adquirir los productos de la canasta básica, que en comparación con el año 2020 son 2.8 millones más de personas en esta condición, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Para la economista por la UNAM, Norma Samaniego en su artículo “El crecimiento explosivo de la economía informal”, esta representa “uno de los problemas medulares del desarrollo económico y social del país, al generar precariedad, pobreza y muy baja productividad. La informalidad, lejos de ser vista con pasividad, al considerarla como una válvula de escape ante los desequilibrios del mercado de trabajo, representa un problema sustantivo que requiere de atención urgente de la política económica y social”.
En ese tenor, el Movimiento Antorchista como organización social ha propuesto, desde hace nueve años, a la población, cuatro reformas económicas que debe realizar el gobierno de México para fortalecer el mercado interno, aumentar el comercio con América latina, China y Rusia, y con ello disminuir la dependencia económica, política e ideológica con los Estados Unidos de América.
Las reformas económicas que impulsarían el desarrollo del pueblo de México son: 1. – crear, junto con la iniciativa privada, fuentes de empleos formales para todos los mexicanos, 2. – oficializar salarios bien remunerados que equivalen el costo de la canasta básica y no básica para cubrir las necesidades de una familia de cuatro integrantes, 3. – instrumentar una política fiscal progresiva en la que los que ganen más paguen más impuestos y 4. – la reorientación del gasto social hacia la inversión en infraestructura social, educativa, de salud, recreativa y cultural que beneficie directamente a los habitantes de las colonias populares.