COACALCO INCUMPLE ACUERDO LIMITROFE COB ECATEPEC

 Permiten que inmobiliaria construya barda para cerrar acceso vial a colonia Golondrinas

 Vecinos acusan abusos de policías de Coacalco que resguardaban a empresa

Ecatepec, Méx., 23 de febrero de 2024. La diputada Elba Aldana Duarte, presidenta de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México subrayó que el Gobierno de Coacalco incumple con su obligación de respetar cuatro metros por derecho de vía en la zona del diferendo limítrofe con Ecatepec, que abarca una parte del Parque Industrial Coacalco 3, al permitir y además resguardar a la inmobiliaria UKLA, presunta propietaria de una parte del terreno, para que construya una barda que impide el acceso vehicular a vecinos de la colonia Golondrinas, lo que afecta a más de 150 familias.

La legisladora morenista recordó que en febrero de 2023, los alcaldes de ambas demarcaciones, Coacalco y Ecatepec, se comprometieron a resolver por acuerdo amistoso el diferendo pero ello no ha ocurrido, en perjuicio de habitantes de las colonias Golondrinas, Playa Golondrinas y Luis Donaldo Colosio, porque no se ha respetado el derecho de vía entre cada municipio como lo marca la ley, y se han permitido obras de la empresa.

Lo anterior luego de que habitantes de la colonia Golondrinas denunciaron que la inmobiliaria UKLA, procedió la tarde del jueves a cerrar sin ningún sustento jurídico porque no ha acreditado la propiedad del terreno, el único acceso vehicular que tiene la comunidad, acción que perjudica a más de 150 familias; también acusaron abusos de policías de Coacalco, quienes acudieron a resguardar a personal de la empresa para hacer obras en el polígono que forma parte del diferendo limítrofe entre Coacalco y Ecatepec, y amenazaron a vecinos.

“Llegaron golpeadores de la empresa con maquinaria para trabajar, colocar tabiques y cerrar entradas, y estuvieron custodiados por policías de Coacalco”, relató José Tovar, vecino de la zona.

Decenas de vecinos que se reunieron para protestar contra las obras arbitrarias por el cierre del acceso en Avenida Condesa y calle Jesús Arriaga, enfrentaron empujones, amenazas e intimidación por parte de uniformados de Coacalco.

“Ustedes sigan haciendo su trabajo, al primero que trate de impedirlo me lo llevo”, “a la primera que me hagan salgo a reventar eh”, se escucha a un mando de la policía de Coacalco que amenaza a los habitantes.

Encarnación León, vecino de Golondrinas, lamentó que la inmobiliaria UKLA haya llegado de forma arbitraria a construir en la vialidad para impedir el acceso, en una zona que forma parte del polígono de un diferendo limítrofe y que puede derivar en grave conflicto social porque no han parado las arbitrariedades de la empresa.

“Llegaron de forma arbitraria a cerrar la avenida, hay intereses que pesan más que el tener la razón los vecinos, si no hay una resolución y está en litigio no tenían por qué entrar a realizar obras, y además bajo resguardo de la policía de Coacalco”, denunció.

En diciembre, trabajadores de la inmobiliaria UKLA, supuesta propietaria de terrenos donde se ubica el diferendo limítrofe colocó en diciembre toneladas de piedras en las entradas y salidas hacia las calles Felipe Carrillo Puerto y Carril 5, y en la Cerrada de Jilgueros y Cerrada de Gaviotas.

Elba Aldana lamentó que la policía de Coacalco actúe como servicio particular a la inmobiliaria UKLA, y que se opere de manera ilegal ante un procedimiento vigente de diferendo limítrofe y permitan la edificación de una barda. “No entiendo porque el municipio protege a una empresa, la policía está para proteger a los ciudadanos, y por el contrario permiten que se construya una barda, que deja prácticamente secuestrados a los vecinos”.

La representante popular de la 4T precisó que como el tema está en el ámbito estatal, la Legislatura a través de la Comisión que encabeza no tiene competencia alguna y las áreas del Ejecutivo estatal informaron que “están atadas de manos” para obligar a las partes involucradas a sentarse.

Por ello, explicó, que buscará que el Poder Ejecutivo estatal regrese el asunto a la Legislatura y ésta convoque a las partes en conflicto para que firmen acuerdos y en caso de que no cumplan sus responsabilidades, la Comisión legislativa emprendería acciones legales contra autoridades.

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